La polémica sobre los símbolos nacionales polarizó ayer el debate en el Congreso y en los Parlamentos de Cataluña y Galicia, tres escenarios en los que se pusieron en evidencia las diferencias que separan al PSOE del PP en este asunto.
La vicepresidenta De la Vega acusó al PP de buscar la discordia y afirmó que «no se es más patriota» por «imponer» que por «convencer». La vicepresidenta aseguró que «el Gobierno cumple la ley y hace cumplir la ley siempre y con todos los instrumentos del Estado de Derecho».
Su aseveración no es cierta porque es evidente que el Gobierno no sólo no ha ordenado a las Fuerzas de Seguridad que actúen para que en los ayuntamientos ondee la bandera de España sino que ni siquiera ha intentado que los alcaldes socialistas cumplan esta obligación legal. Esto último era lo que le reprochaba ayer -cargado de razón- Angel Acebes. Ni siquiera la llegada de los féretros de Afganistán envueltos en la bandera nacional ha perturbado el conformismo gubernamental.
De la Vega se jactó de que ahora hay «bastantes más» banderas izadas que cuando el propio Acebes era ministro. Su afirmación es inverificable, pero lo que sí se puede constatar es que hay notorios alcaldes socialistas empezando por Odón Elorza en San Sebastián que se niegan a colocar la enseña nacional.
Si el objetivo del Ejecutivo es «convencer» a los alcaldes, como dice la vicepresidenta, el fracaso es evidente porque hay numerosos ediles socialistas a los que desde luego no ha convencido. Pero el argumento de la persuasión es muy discutible, ya que existen ciudadanos a los que no les gusta pagar impuestos o respetar el Código de Circulación y, no por ello, se les exime del cumplimiento de sus obligaciones. Dejar el acatamiento de la legalidad a una mera cuestión de «convencimiento» no es de recibo.
El discurso de José Montilla en el Parlamento catalán se inscribió en una filosofía muy similar al de la vicepresidenta. Defendió que «Cataluña no necesita quemar nada para hacerse valer» y abogó por «el respeto de todas las instituciones, con todos los símbolos y todas las leyes del ordenamiento jurídico».
Bellas palabras las suyas, pero sin ninguna trascendencia concreta. Al igual que el Gobierno de Zapatero, Montilla no ha hecho nada para cambiar la actitud de los alcaldes del PSC reacios a izar la bandera. Ayer mismo, los concejales socialistas de Villafranca del Penedés se abstuvieron para que no prosperara una moción del PP para colocar la enseña nacional en el ayuntamiento. Pero además el PSC gobierna en coalición con ERC, el partido al que pertenece el diputado que se solidarizó con la quema de la efigie del monarca sin que ello creara la menor marejadilla en el tripartito.
Montilla, por lo menos, respetó ayer las formas en el Parlamento, lo cual no es el caso del PSOE gallego, que votó en contra de una proposición del PP para que ondeara la bandera en todos los edificios oficiales. El PSOE ganó la votación gracias al elocuente apoyo de sus socios del BNG.
Como dice el refrán castellano, «del dicho al hecho hay un trecho». Ese tramo es el que le falta recorrer al Gobierno para que la ley se aplique y las banderas se desplieguen en todos los ayuntamientos.
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