El Gobierno puede tranquilizarse diciendo que esta ofensiva contra la Monarquía y la Constitución es cosa de grupos minoritarios, pero eso es cerrar los ojos a la realidad. La realidad, como dijo ayer Rajoy, es que todo ello es «prueba del clima» en el que vive España. Y en medio de este «clima», la sedicente Entesa Catalana de Progreso, el grupo del Senado del que forman parte el PSC, ERC e IU, ha presentado una enmienda al proyecto de Ley de la Carrera Militar para que el presidente del Gobierno sustituya al Rey como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el BNG quiere que la jura de bandera sea voluntaria y que se supriman expresiones como «defender la patria hasta dar la vida por ella», por ser expresiones «trasnochadas» y «casposas» (sic). El asunto provocó una tormenta en el Gobierno y el PSOE. Tanto los socialistas como IU aclararon que votarán en contra de esa enmienda y que se ha llegado a tramitar sólo debido a un protocolo interno del grupo que obliga a presentar en el Senado todas las propuestas rechazadas en el Congreso.

Obviamente, se trataba de una iniciativa disparatada. España tiene su propia Historia, por lo que el debate sobre quién debe ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas está resuelto por la experiencia de una Monarquía que, como dijo el ministro de Defensa, «ha sido un elemento fundamental de estabilidad». No hay más que recordar el papel de Don Juan Carlos abortando el intento de golpe de Estado del 23-F. Al margen, claro está de que, según nuestra Carta Magna, el Rey siempre ejerce esa función en nombre del Gobierno.

Estamos ante el rocambolesco episodio por el que un partido de gobierno como el PSC, al que se le supone alguna responsabilidad, presenta una enmienda con ERC para luego votar en contra. La pregunta ahora es: ¿Cómo hemos llegado a esto? Y la respuesta remite a la actitud del presidente Zapatero, que ha dado alas a partidos como ERC y que ha disculpado comportamientos antisistema y contrarios a la ley. Si el presidente del Gobierno de la Nación dice que el concepto de «nación es discutido y discutible», es normal que los que buscan disgregar España se consideren legitimados en sus actuaciones. Tampoco el Constitucional está actuando de acuerdo con sus obligaciones para con el Estado, al retrasar la sentencia sobre el Estatuto catalán por una cuestión de oportunidad política.

Hay pocas dudas de que tanto a Zapatero como a Montilla, presidente de la Generalitat gracias a ERC, se les está yendo de las manos la actuación de sus aliados. Si tampoco los paran ahora -rompiendo el pacto que dio lugar a la Entesa- tal vez después sea demasiado tarde.