La consulta a la sociedad vasca será, a tenor de su guión, «la llave» que abra un nuevo ciclo histórico y que no requerirá del compromiso contraído por el Gobierno tripartito, y ahora vulnerado, de que la ausencia de violencia era imprescindible para su realización. «La violencia no puede impedir la iniciativa política», justificó Ibarretxe, reproduciendo las tesis más radicales del PNV que no son compartidas por su todavía presidente, Josu Jon Imaz.

El 25 de octubre de 2008, el lehendakari convocará a los ciudadanos del País Vasco a las urnas, haya o no llegado antes a un acuerdo con el Ejecutivo central y previa autorización del Parlamento vasco. La consulta será ilegal a no ser que los gobiernos central y vasco pacten lo contrario y modifiquen el actual ordenamiento jurídico.

Sería entonces una consulta de ratificación que abriría la puerta a la negociación entre los partidos vascos, para «desarrollar y articular jurídicamente el pacto alcanzado» .

Si no, la consulta, ilegal o alegal según interpretaciones, y «habilitadora» según su terminología, se realizaría de todas formas pese a no tener validez jurídica; y se abriría igualmente una mesa de negociación entre las fuerzas políticas para que éstas determinen cómo ejercitar la voluntad de los vascos. A falta de consenso, el acuerdo «sobre el derecho a decidir y las relaciones de territorialidad», se adoptaría por mayoría, sin necesidad de consenso entre nacionalistas y no nacionalistas.

En ambos casos, haya acuerdo o no con el Estado, y celebrada la consulta, ETA «estaría obligada por decisión popular» -según la visión del lehendakari- a poner fin a la lucha armada, lo que abriría una segunda mesa, técnica, de diálogo entre el Gobierno y la banda terrorista sobre el cese de las armas, en paralelo con la política ya enunciada en la que se sentarían todos los partidos, incluida la izquierda abertzale.

La mesa política, siguiendo el esquema del lehendakari, trabajaría con el plazo fijo de llegar a un acuerdo en el segundo semestre de 2010, cuando se celebraría «un referéndum resolutivo» que daría fin al proceso al plasmar el ejercicio del derecho a decidir.

Estos son los principales ejes de la hoja de ruta del Gobierno vasco, desvelada por el lehendakari en el Pleno de política general, que tiene además otra fecha clave, la de finalización de la legislatura de las Cortes, en junio de 2008, plazo en el que acaba el ultimátum -la «oferta» en palabras de Ibarretxe- dirigido al presidente del Ejecutivo español para intentar la búsqueda de un acuerdo. La propuesta se mantendría igualmente en el caso de que Mariano Rajoy llegara a La Moncloa, según aclaró el portavoz del PNV, Joseba Egibar.

La iniciativa expuesta por Ibarretxe obtuvo la réplica inmediata del Gobierno a través de su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, que opuso una sola palabra: «Constitución».

En Vitoria, la propuesta no sumó más adhesiones que la de los socios del gobierno tripartito (PNV-EA-EB) y el de la parlamentaria de Aralar. El secretario general del PSE, Patxi López, acusó al lehendakari de «vivir en los mundos de Yupi» por pensar que ETA va a dejar de matar porque se lo pida la sociedad vasca. López, por el contrario, echó mano de declaraciones de Imaz para enfrentarle a los riesgos de alimentar a ETA que tiene una consulta basada en la acumulación de fuerzas nacionalistas.

Con un tono más duro, María San Gil, presidenta del PP vasco, se encaró asimismo a Ibarretxe tildando su propuesta de «desafío totalitario a la democracia española» y «apuesta ultranacionalista» encaminada a lograr los objetivos expuestos por el PNV en su ponencia política.

Pese a la superación del marco jurídico planteado, la propuesta de Ibarretxe tampoco obtuvo la anuencia de la izquierda abertzale. Nekane Erauskin, portavoz del PCTV, la descalificó por «basarse en la reforma del Estatuto para conseguir un pacto de Estado y continuar en un marco de partición».

La ausencia de mayoría encontrada le permitió a Egibar subrayar que la consulta no se hará si no es aprobada por la Cámara. La respuesta a la falta de apoyos será la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas; la misma que obtendría, por cierto, la celebración de la consulta cualquiera que fuera su resultado.

Tal y como recordó el secretario general de EA, Unai Ziarreta, los mimbres sobre los que se articula la consulta son los mismos sobre los que se sustenta el plan Ibarretxe, transformado en Nuevo Estatuto Político, rechazado por las Cortes en 2005. El Nuevo Estatuto marca «un antes y un después», se convierte en el referente para «examinar y validar futuras propuestas» y «estará vigente política y jurídicamente mientras no se presente y se apruebe otra» que obtenga más de los 39 votos recabados por la primera. Frente a este «activo institucional», el Estatuto de Guernica no es válido porque los derechos históricos del pueblo vasco en él recogidos son «papel mojado».

En una de las frases más reveladoras de su intervención, Ibarretxe alegó que «hoy el Estado español [...] no es un estado plurinacional, sino un estado uninacional» en la consideración tanto del PP como del PSOE. «Euskadi puede pactar para convivir con un Estado español plurinacional, pero no con un Estado español que no acepte y reconozca, cultural, política y jurídicamente a las naciones que conviven en su seno», aseveró.

El PP respondió con el modelo de Constitución y Estatuto, y el PSE con el de la reforma del Estatuto.

Vea el vídeo de la intervención de Ibarretxe y lea su discurso íntegro en: www.elmundo.es/

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