El trajín parlamentario se enseñoreó de la Cámara catalana ayer, durante el último día del debate de política general, el más importante del año. Tanto el PP como Ciutadans habían presentado propuestas de resoluciones relacionadas con la quema de fotos del Rey, que comenzó en Gerona el 13 de septiembre y se ha repetido en varias ocasiones desde entonces.

El PP proponía que el Parlament hiciera «condena unánime» de los «ataques y las ofensas que se vienen produciendo en Cataluña por parte de grupos radicales contra los Reyes de España». Ciutadans, por su parte, pedía que la Cámara manifestara su «preocupación por la creciente espiral de desafección y falta de respeto hacia las instituciones del Estado» y «sus símbolos y representantes», y que expresara su «respeto» a la «Jefatura del Estado y su acatamiento al actual marco constitucional».

Ambas fueron rechazadas, con los votos en contra del tripartito y CiU. Estos grupos, en su lugar, aprobaron una propuesta mucho más tibia, que apuntaba que «el futuro del pueblo catalán será aquello que de manera democrática, pacífica y constructiva se proponga», para acabar concluyendo que, como Cataluña «como país ha sufrido el menosprecio y la persecución de sus símbolos nacionales», el Parlament «hace una llamada a respetar los símbolos institucionales». Eso sí, también subraya «la necesidad de que la respuesta [a la quema de imágenes del Rey] por parte de las instancias judiciales, mediáticas y políticas en ningún caso puede ser desproporcionada».

También fueron muy comentadas las palabras del vicepresidente catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, en apoyo al referéndum que planteó ayer el lehendakari, Juan José Ibarretxe. Carod propuso que, si el TC modifica el Estatuto, se convoque un referéndum para que los catalanes decidan si quieren pertenecer o no a España. «Sería legítimo», dijo.

Mientras, en el patio de la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) leía un manifiesto contrario a la Monarquía ante unos 200 jóvenes, en el que se pedía «libertad de expresión» y se hacía un llamamiento «a la comunidad educativa y a la sociedad civil» para que demuestre «su firme rechazo a la persecución política que se está viviendo». Al final, irrumpieron cuatro encapuchados con una enorme pancarta en la que se había dibujado a un hombre vestido con un uniforme militar de gala, que recordaba claramente al Monarca. La pusieron boca abajo y le prendieron fuego.

En el comunicado que se leyó previamente, el sindicato estudiantil consideró al Rey «sucesor del dictador Francisco Franco», así como «cómplice de las últimas ejecuciones de la dictadura». Además, el SEPC afirmó que la Audiencia Nacional, que juzga a los imputados por la quema de fotografías, es «heredera del Tribunal de Orden Público del régimen franquista» y considera que el Gobierno catalán se «doblega ante las leyes represivas españolas».

El portavoz de SEPC, Lluc Salellas, consideró que los procesos judiciales son «una auténtica barbaridad» y explicó que el segundo joven identificado como autor de la quema de las fotos del Rey en Girona, Enric Stern, de 19 años, es estudiante de la Universidad de Barcelona. Por ello, escogieron ese centro para concentrarse y para expresar su «solidaridad». Para hoy se ha convocado una nueva manifestación bajo el lema La represión no nos cortará las alas.

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