El presidente del Gobierno dispone de informes que abordan el incumplimiento de la Ley de Banderas y que se retrotraen hasta 1996. En ellos se demuestra que las violaciones vienen de lejos. También cuenta con otros referidos a los desacatos a la figura del Jefe del Estado y de éstos se concluye que la tónica de los mismos siempre ha sido la misma: grupos minoritarios radicales, a menudo de gente muy joven, con escaso respaldo social. A dichos estudios, el Gobierno añade su propia interpretación. Las actuaciones de los radicales responden a dos premisas: la primera es que los incidentes responden a la intención de las formaciones de corte independentista de calentar motores con la vista puesta en las elecciones y publicitar al máximo sus actos; la segunda, es que de la refriega únicamente obtendrá beneficios el primer partido de la oposición. En definitiva, para La Moncloa la polémica en torno a la quema de fotos de los Reyes y el incumplimiento de la Ley de Banderas ofrece un terreno apropiado para un «maridaje contra natura»: el de los radicales independistas con la oposición de derechas.

Este es el análisis que hace de los acontecimientos un miembro del gabinete de Zapatero quien añade que la estrategia del Ejecutivo, marcada ya por el propio presidente y a la que responderán de forma unánime todos los ministros, es la de condenar con frases breves y contundentes y trasladar el peso de hacer cumplir la ley a los jueces en el marco habitual de sus competencias.

La senda de la respuesta política debe mantenerse intransitada. Adentrarse en ella implicaría, según explican en el entorno del presidente, «alentar el debate y permitir que éste llegue vivo a las elecciones de marzo». No hay ni un solo atisbo de autocrítica. Nadie recuerda, entre los consultados, aquello de que el concepto Nación es algo «discutido y discutible», como afirmó el presidente del Gobierno, ni tampoco aceptan a discutir el que quizá los pactos con los nacionalistas no hayan sido una buena idea.

Un miembro del Gobierno explica la situación echando mano de un símil con tintes novelescos: «El problema no es el veneno, sino las dosis». Cuando se le contraargumenta que, pese a todo, «el veneno existe», la respuesta para resolver el enigma es la siguiente: «Sí, es evidente, pero el veneno en pequeñas dosis no es letal, bien al contrario, puede incluso curar». Y es que en La Moncloa están convencidos de que las actuaciones de los radicales se extinguirían en su propio jugo si no lograran tener eco. El problema de fondo no radica en los hechos, sino en la forma y en la amplitud con la que éstos se transmiten a la opinión pública.

Es cierto que se trata de incumplimientos evidentes de la Ley e incluso de las normas básicas establecidas en la Constitución; es cierto que atentan contra la figura del Rey que representa la unidad y permanencia del Estado; pero no es menos cierto, insisten, que se trata de actuaciones «minoritarias, de jóvenes muy ideologizados y que hunden sus raíces en los movimientos antisistema»; que los incidentes no cuentan con el respaldo social y que, en definitiva, si no consiguen aliento, no trascenderán al terreno electoral.

El Gobierno, en definitiva, «no entrará a ninguna provocación. Esa es la única estrategia», afirman desde La Moncloa. Y añaden que «prestarse a polemizar o simplemente aceptar que se trata de un asunto que preocupa, implicaría hacerle el juego el PP», un partido que según ellos no cuenta con naves para hacer frente a la batalla de las urnas.

La línea a seguir en este terreno será, aseguran las mismas fuentes, la de «echar agua» sobre los acontecimientos, no otorgarles la categoría de gran preocupación y «evitar que obtengan la publicidad que buscan» en periodo preelectoral. Además, insisten en que la fortaleza de las instituciones en España es tal que «sus cimientos pueden absorber sin una sola grieta temblores de este tipo», que «la cohesión real y cotidiana entre los españoles es lo suficientemente tupida como para rechazar cualquier tentación secesionista» y que «la salud y la aceptación con que cuenta la Corona en España no puede compararse con la de ningún país europeo» hasta el punto añaden de que, este Gobierno socialista aparta lejos de sí la etiqueta «republicana» y se declara «constitucional» con el Rey al frente.