Entre los abajofirmantes aparecen intelectuales que ya se habían significado contra la cosmovisión nacionalista, como Savater, Boadella o Espada. Pero también figuran personalidades menos habituales en este tipo de pronunciamientos, tanto catalanes de nacimiento o adopción como de fuera de Cataluña, lo que sugiere hasta qué punto el hartazgo frente al nacionalismo y sus derivas merece la solidaridad de los intelectuales: los poetas José Manuel Caballero Bonald y Mario Benedetti, las escritoras Ana María Moix y Esther Tusquets, o los editores Jorge Herralde, Beatriz de Moura y Mario Muchnik.

El manifiesto en sí supone un acto de valentía de quienes viven y trabajan en una sociedad en la que el apartheid lingüístico determina la mayoría de las veces no sólo la política de subvenciones, sino también la de exclusiones y la de penas o multas, tal como se ha visto en el caso de Peri Rossi, o con la normativa que sanciona a los comercios si rotulan en castellano. No en balde, Ciutadans pedirá al Defensor del Pueblo que recurra ante el Constitucional el precepto de la nueva ley de TV3 que convierte el catalán en la única lengua institucional de los medios públicos, y que sirvió para barnizar de legalidad la laminación de la escritora uruguaya afincada en Barcelona. Está por ver si el caso Peri Rossi sirve para prender el hastío que en la sociedad produce la política lingüística del tripartito, si bien para recordar iniciativas similares hay que remontarse al Foro Babel (1996), y al Manifiesto de los 2.300 (1981).

En respuesta a este documento, en el que cientos de intelectuales reivindicaban el castellano como parte del patrimonio cultural de Cataluña, Terra Lliure tiroteó al periodista Federico Jiménez Losantos. En cualquier caso, no cabe duda de que el Manifiesto contra la persecución lingüística puede vehicular la oposición ciudadana al rodillo de la imposición de que hace gala la Generalitat. Es paradigmático que mientras cientos de ciudadanos catalanes luchan, negro sobre blanco, por quitarse la mordaza, el Govern persista en su política de la exclusión, con la excusa de corregir el, a su juicio, «error de rumbo» y el excesivo «relajo» con que se acometió la inmersión lingüística en la escuela en los años 80. Con la intención de recuperar el tiempo perdido, quizá, el conseller de Educación, Ernest Maragall, presentó ayer la primera promoción de comisarios lingüísticos, un grupo de especialistas en inculcar directrices a los profesores para abortar cualquier resquicio de bilingüismo en las aulas... y en los patios de recreo.