De esta manera, ninguna autoridad administrativa o judicial podrá ahora argumentar que aquellas sentencias fueron dictadas de acuerdo con las leyes que había en aquella época y, por tanto, que no pueden ser revisadas ni anuladas.

Esa disposición permitirá que los afectados por una sentencia injusta, o sus herederos, pidan al Tribunal Supremo que la anule.

En la exposición de motivos del último borrador de proyecto de ley elaborado por el PSOE, en el que se recogen varias exigencias de IU-ICV y de otros grupos, se indica expresamente que la privación de «vigencia jurídica» a las leyes de la Dictadura va a permitir no sólo que no puedan ser invocadas por ningún tribunal y órgano administrativo, sino también que desaparezcan del ordenamiento jurídico español.

El Gobierno y el PSOE, con el diputado Diego López Garrido a la cabeza, también han aceptado otra de las condiciones que reclamaba IU-ICV: frente al texto que elaboró el Gobierno, en el que no se condenaba de manera expresa el régimen franquista, en la nueva exposición de motivos del proyecto de ley «se asume la condena del franquismo» que aprobó la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 17 de marzo de 2006.

Esa condena del franquismo está contenida en un informe de la citada Asamblea Parlamentaria europea, en el que se denuncian las violaciones de Derechos Humanos cometidas en España desde el año 1939, cuando acabó la Guerra Civil, hasta que murió Franco en 1975.

El salto que supone esta nueva redacción respecto al proyecto de ley inicial que redactó el Gobierno es muy importante, según resaltaron ayer las fuentes parlamentarias consultadas por EL MUNDO. En aquel texto la Ley se limitaba a «recordar» que el Congreso aprobó una resolución, en noviembre de 2002, en la que se condenaba la utilización de la violencia para imponer determinadas convicciones políticas o un régimen totalitario.

Entonces ni siquiera se citaba al franquismo, y en el nuevo texto se lo condena de manera expresa en la exposición de motivos, añadieron esas fuentes.

En el grupo parlamentario que preside Gaspar Llamazares quieren que esta futura Ley sirva para que la democracia española recupere la memoria de todas las personas que sufrieron persecuciones, condenas injustas, el exilio o la pérdida de su vida por motivos políticos, ideológicos o religiosos.

Carabineros y 'maquis'

Ahora, en las conversaciones mantenidas con Llamazares y el diputado de su mismo grupo Joan Herrera, el PSOE también ha aceptado que ese reconocimiento se extienda «a quienes en distintos momentos lucharon por la defensa de los valores democráticos», como los integrantes del Cuerpo de Carabineros, los combatientes guerrilleros -conocidos como maquis- o los miembros de la Unión Militar Democrática, una organización clandestina constituida en el Ejército español que se autodisolvió cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas.

La futura Ley declarará que son ilegítimos los tribunales, jurados y otros órganos administrativos o judiciales que impusieran condenas o sanciones por motivos políticos, ideológicos o religiosos. Citará de manera expresa cuáles son y también declarará la ilegitimidad de las resoluciones que dictaron.

Fuentes de los negociadores consultadas por este periódico consideran que estos cambios introducidos en el nuevo borrador suponen un avance «muy importante» para lograr un acuerdo final. Esperan alcanzarlo cuanto antes, para que dé tiempo a constituir la ponencia que debe estudiar esta Ley en el Congreso, debatirla en la Comisión Constitucional, en el pleno, en el Senado y, finalmente, aprobarla.

MADRID.- Las negociaciones para lograr el más amplio consenso sobre una norma tan polémica como la llamada Ley de la Memoria Histórica avanzan «en sentido positivo», según dijo ayer el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, que es quien mantiene las conversaciones.

Pero es una negociación «muy compleja», añadió, por lo que forzosamente está avanzando de manera más lenta de lo que se querría.

Desde IU-ICV piden al Gobierno y al PSOE que hagan un último esfuerzo para llegar a un acuerdo, lo mismo que lo están haciendo Gaspar Llamazares y Joan Herrera -los dos diputados de ese grupo que llevan las negociaciones- y los portavoces de otros.

El PNV comunicó ayer al PSOE que no podrá responder a su última propuesta hasta dentro de 48 horas, porque debe estudiarla a fondo con la dirección de su partido.

Tampoco han contestado desde CiU y el BNG, otros partidos con los que ha hablado el PSOE. Todo ello hace que la negociación sea lenta, pero los socialistas están convencidos de que aún hay tiempo para negociar y aprobar la ley en esta legislatura.