Domingo, 7 de octubre de 2007. Año: XVIII. Numero: 6503.
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 ESPAÑA
LUCHA ANTITERRORISTA / Las explicaciones
Interior asegura que Batasuna preparaba la cobertura política a la estrategia de ETA
El endurecimiento del discurso y la promoción de Permach, Ana Lizarralde, Asier Arraiz y Juan Cruz Aldasoro probarían el respaldo a la banda
ANGELES ESCRIVA

MADRID.- El Ministerio del Interior sostiene que los dirigentes de Batasuna detenidos el pasado jueves en la localidad guipuzcoana de Segura estaban preparando la cobertura política para la estrategia terrorista de ETA. Los responsables de este Departamento aseguran haber acumulado pruebas -documentación, comentarios detectados en distintos foros- de que esta era la dirección ideológica que iba a adoptar la formación ilegalizada, una vez fracasado el proceso de negociación con el Gobierno.

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Y reconocen, asimismo, que toda esta situación no se gestó sólo en el encuentro clandestino que provocó las detenciones, sino que ha venido tomando forma en las sucesivas reuniones de la Mesa Nacional habidas en los últimos meses, 12 de las cuales han sido documentadas por el juez Garzón en un auto sin que éste considerase conveniente hasta ahora realizar ningún tipo de intervención.

Sin ir más lejos, el pasado 14 de septiembre, la Mesa Nacional de Batasuna reunida en la localidad alavesa de Salvatierra diseñó toda la programación para el ejercicio 2007- 2008 y lo hizo, según los expertos, manteniendo cierta sintonía con ETA: dirimió su línea socioeconómica, impulsó su apuesta por el euskara y reafirmó su posición contraria, por ejemplo, al proyecto de la Y vasca auspiciado por el Gobierno de Vitoria. Es conocida la oposición de la formación ilegalizada a dicho proyecto pero la discusión coincidió con los escritos de la banda acusando al PNV de enriquecerse con determinadas infraestructuras. Y ese fue sólo uno de los múltiples encuentros habidos desde julio en el que se ha visto una intensificación de posturas más radicales.

En cualquier caso, en Interior argumentan tras las detenciones que esa táctica de Batasuna de ofrecer cobertura política puede observarse en el endurecimiento y unificación de su discurso; y en la ascensión a los puestos de mayor responsabilidad de los dirigentes de la formación que han venido alentando que, sin niguna duda, la única opción que le queda al brazo político de la banda es seguir de manera incondicional las directrices de esta última y apostar por la comisión de atentados.

Las fuentes consultadas confirman que, efectivamente, ETA había determinado que al frente de Batasuna se situase el ya veterano Joseba Permach -que a lo largo de la tregua tuvo sonados enfrentamientos con Arnaldo Otegi-, Ana Lizarralde, Asier Arraiz y Juan Cruz Aldasoro. Varios de ellos tenían antecedentes en las organizaciones que han constituido el semillero de ETA y ejercían cierto predicamente entre los jóvenes más radicales, que están siendo potenciados por la banda con el fin de controlar hasta el milímetro todas las organizaciones de la izquierda abertzale.

Ana Lizarralde fue portavoz de Jarrai desde 1995 hasta la creación de Haika, la organización que la sustituyó al ser ilegalizada. Fue condenada por exaltación del terrorismo y está incluida en el sumario de Ekin por actuar como «comisario político de la banda». Asier Arraiz estaba en Batasuna al frente del denominado herrialde de Alava. Y Juan Cruz Aldasoro fue ingresado en un hospital por una huelga de hambre que mantuvo a favor de los presos de la banda y protagonizó incidentes en manifestaciones convocadas por las asociaciones de víctimas del terrorismo.

Precisamente, en poder de Aldasoro encontró la Policía Nacional el pasado jueves las notas manuscritas que describían el contenido de la reunión de Segura y que están siendo analizadas.

El juez Baltasar Garzón podría empezar a tomar declaración hoy a los detenidos por pertenencia a banda armada y por vulnerar la suspensión de actividades de Batasuna, aunque la Policía puede agotar los plazos hasta 48 horas más. Los agentes analizan la abundante documentación incautada en los domicilios de los arrestados y en el registro de la sede del PCTV.

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