Evidentemente, quienes entienden que la actuación del Estado de Derecho contra una banda terrorista y sus colaboradores es una «declaración de guerra», no sólo demuestran lo disparatado de sus planteamientos, sino, sobre todo, su voluntad de seguir respondiendo a la legalidad con la violencia, sea ésta de baja o alta intensidad. No es sólo en las palabras, sino también en los hechos, donde ETA y Batasuna han vuelto a coincidir, pues tras producirse las últimas detenciones se han multiplicado los actos de violencia callejera en varias localidades del País Vasco, entre ellos la quema de la oficina de correos de Lezo, en Guipúzcoa.

Resulta innegable que para que se haya producido esta ofensiva judicial ha tenido que haber un cambio de criterio, no sólo por parte del juez Garzón, sino sobre todo por parte del Gobierno. El Ministerio del Interior afirma que los 23 detenidos en la localidad guipuzcoana de Segura estaban adaptando la estructura de Batasuna a la estrategia de ETA, poniendo a los partidarios de la línea más dura al frente de la organización para que éstos preparasen a su vez una cobertura política para la banda. Sin embargo, tal y como documenta el auto de Garzón, al menos doce reuniones clandestinas se han producido con el mismo fin desde el pasado mes de julio, sin que ni el juez ni el Gobierno hayan explicado por qué no han considerado oportuno intervenir hasta ahora.

En todo caso, más vale tarde que nunca, y ahora sólo resta seguir trabajando en la misma dirección para terminar con la impunidad de una formación ilegalizada que sirve de apoyo a los terroristas. Ayer miles de personas convocadas por el llamamiento bélico de Batasuna desfilaron en su defensa por el centro de las tres capitales vascas, sin que el Gobierno de Ibarretxe hiciese nada por impedirlo. Su habitual argumento, que es el de evitar daños mayores, quedó puesto en evidencia casi al mismo tiempo en las calles de Pamplona, donde la Policía sí impidió una marcha a favor de la formación ilegalizada.

Si de algo sirven las declaraciones de Barrena, es sólo para demostrar la peligrosidad de los detenidos y el acierto que supone haber recuperado el criterio de que también hay que actuar contra el entramado civil de la banda terrorista, tal y como establecía el Pacto por las Libertades firmado con el PP.