Así lo acordó ayer el juez Baltasar Garzón, que presentó el encarcelamiento de 17 de los 23 detenidos el pasado jueves por la noche en la localidad de Segura (Guipúzcoa) como la respuesta a los comunicados de ETA del pasado mes de junio. En ellos, la banda terrorista afirmaba que no se daban «las condiciones» para la negociación y daba por concluido el alto el fuego.

Eso supone, explica Garzón, que no se puedan extender por más tiempo las interpretaciones favorables a los miembros de Batasuna que había venido manteniendo.

Entre los encarcelados por Garzón a petición del fiscal Juan Moral se encuentran históricos de Batasuna como Joseba Permach, Juan Cruz Aldasoro y Rufino Etxeberria. Otros cuatro detenidos han quedado en libertad bajo fianza y dos más salieron de la Audiencia Nacional sin medidas cautelares.

El magistrado explica en su escrito por qué la reunión de Segura era delictiva y no lo han sido otras muchas celebradas anteriormente: «Una vez que ha quedado evidenciado, a lo largo del año 2007, y en particular desde junio, que la voluntad de los que componen esas estructuras [Batasuna] no es la de acabar con la violencia terrorista, sino coadyuvar renovadamente a la consecución de los fines de la organización terrorista, [...] sin que se atisbe la mínima intención de separarse de esa línea, la valoración de su conducta no puede ser favorable».

Unas líneas antes, Garzón explica que, mientras duró el proceso de paz, no podía considerar «un hecho delictivo» la actuación de los miembros de Batasuna, puesto que su objeto era «buscar el final de la violencia, aunque haya sido equivocada o interesadamente». Ahora, por el contrario, el objetivo de Batasuna «era afrontar la reorganización de la estructura ilegal, con el fin de adaptarse a la estrategia terrorista de ETA»

El magistrado añade a la anterior otra explicación a su falta de intervención en las múltiples reuniones de Batasuna que precedieron a la de Segura. «En ninguna de ellas se pudo proceder a la detención de las personas reunidas, bien porque el conocimiento de las mismas fue posterior a su existencia, bien por el escaso número de asistentes, bien por la falta de evidencias suficientes para llevar a cabo una acción de ese tipo». «Todo ello», añade, «en ningún momento fue sometido a valoración de la autoridad judicial».

Oportunismo

Por si esto último podía sonar como crítica a las Fuerzas de Seguridad, en otro apartado carga de elogios su trabajo y, de paso, defiende que el momento de actuar era ahora, y no antes. «La búsqueda de datos e indicios con la sobriedad que caracteriza a los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ajenos a cualquier instrumentalización oportunista del sesgo que fuera, ha dado sus frutos ahora, y, por ello, es en este momento cuando se debe actuar y continuar la incorporación de nuevos indicios a la causa».

En esa misma línea, añade que «la necesidad de la actuación no debe confundirse con una eventual arbitrariedad de la misma. En efecto, el juez instructor debe actuar, y así lo ha hecho, en el momento en el que ha dispuesto de los indicios racionales suficientes en los que apoyar su decisión. Y, ese momento es ahora, y no, desde luego, cualquier otro precedente en el que podían primar cuestiones de oportunidad».

Las medidas cautelares acordadas ayer por Garzón se ajustan casi exactamente a las peticiones del fiscal del caso, Juan Moral, al que ayer acompañó el fiscal Carlos Bautista: 18 prisiones incondicionales, otras tres eludibles bajo fianza de 10.000 euros y dos puestas en libertad sin medidas cautelares. Finalmente, el magistrado envió a 17 a prisión y salvó por su edad y estado de salud a Francisco Javier Urrutia, al que exigió una fianza de 24.000 euros.

Pertenencia para todos

A los 17 encarcelados se les acusa del mismo delito: pertenencia a una organización terrorista. Para ocho de ellos, que ya se encontraban inmersos en alguno de los sumarios de la Audiencia, la acusación no era ninguna novedad. En su caso, la argumentación del fiscal y del magistrado incluye que habían aprovechado su libertad provisional para reincidir en el mismo delito. Entre estos se encuentran Permach, Aldasoro y Etxeberria, ya procesados en el sumario de las herriko tabernas y a quienes también acusa de vulnerar el auto de suspensión de actividades que pesa sobre la formación abertzale.

Les acompañan en el grupo de reincidentes Juan José Petrikorena (imputado en el sumario contra el PCTV), Imanol Iparraguirre y Ana Lizarralde (pendientes de sentencia en el macrojuicio contra el entorno de ETA, Ibon Arbulu (sumario de Udalbiltza) y Maite Díaz de Heredia (sumario de Gestoras/Askatasuna).

Los otros nueve encarcelados son María Aranzazu Santiestebán, Aner Petralanda, Juana Regueiro, Maite Fernández de Labastida, Jon Garay, Ibon Berasategi, Tomasa Alejandro, Mikel Zubimendi, Angel María Elcano y Javier Albizu.

Los tres que han quedado libres bajo fianza de 10.000 euros son Egoitz Apaolaza (el número 4 de ANV en Segura) y los ciudadanos franceses Haizpea Abrisketa y Jean Claude Aguerre. En cuanto a los dos arrestados que quedaron en libertad, se trata de Iban Berasategi y Xabier Albisu.

El magistrado también revela que está a punto de concluir la instrucción del sumario de Batasuna, como también se conoce la causa de las herriko tabernas. Sin embargo, y como ha hecho con otros macrosumarios, mantiene abiertas otras diligencia previas en las que podría seguir actuando contra la nueva Mesa Nacional de Batasuna pese a perder el control sobre el sumario.

Igualmente, Garzón dedica unas líneas del larguísimo auto (casi 100 folios) a insistir en que no debe equipararse Batasuna a toda la izquierda abertzale, pese a la «vocación fagocitadora» de ETA-Batasuna. El argumento ya fue expuesto en un auto del pasado mes de enero que sirvió para no encarcelar entonces a Arnaldo Otegi.

Lea el texto íntegro del auto del juez Garzón en: www.elmundo.es/

«Una vez que ha quedado evidenciado, a lo largo del año 2007, y en particular desde junio que la voluntad de los que componen esas estructuras, y la de éstas mismas, no es la de acabar con la violencia terrorista sino coadyuvar renovadamente a la consecución de los fines de la organización terrorista, por medio del recurso a la violencia, escenificada en la ejecución sistemática y reiterada de atentados, secuestros, extorsiones y otros, sin que se atisbe la mínima intención de separarse de esa línea, la valoración de su conducta no puede ser favorable a la falta de intencionalidad delictiva, de las reuniones, en las que planifican su actuación, sino a la ejecución de las mismas de acuerdo con la estrategia de ETA».