El juez Garzón dictó ayer orden de prisión incondicional para 17 de los detenidos por su relación con ETA, entre ellos los dirigentes del núcleo duro de Batasuna. Las figuras más relevantes del mundo proetarra han sido enviadas a prisión por violar la suspensión de actividades de Batasuna decretada en agosto de 2002. Todos ellos fueron detenidos el jueves cuando mantenían una reunión clandestina para traspasar los poderes de la antigua a la nueva Mesa de la organización. El juez aceptó la petición de la Fiscalía, que -esta vez sí- solicitó prisión incondicional, a diferencia de otras ocasiones en las que hizo todo lo posible por salvar a Otegi. Los proetarras que duermen en la cárcel desde ayer son los mismos que se presentaron públicamente el día que entraba en vigor el alto el fuego como dirigentes de la antigua y la nueva Batasuna. Y son los mismos que durante el último año y medio han celebrado reuniones públicas y ruedas de prensa, sin que la Fiscalía ni Garzón les acusaran de nada.
Consciente sin duda de que para el ciudadano es difícil de entender por qué actúa ahora y no lo hizo antes, Garzón dedica parte del auto de prisión a justificar sus decisiones a la luz de las circunstancias del mal llamado proceso de paz. Concretamente, asegura que las actuaciones de Batasuna «con el fin de buscar el final de la violencia, aunque haya sido equivocada o interesadamente» no podían considerarse «actos delictivos». Sin embargo, aclara Garzón, «una vez que ha quedado evidenciado a lo largo de 2007 y en particular desde junio que la voluntad» de Batasuna «no es la de acabar con la violencia terrorista sino la de coadyuvar a la consecución de los fines» de ETA, «la valoración de su conducta no puede ser favorable a la falta de intencionalidad delictiva».
Más claro, agua. El auto ayuda a explicar también aquel otro que dictó el propio Garzón en enero de 2007, después del atentado de la T-4, en el que sostenía que había que distinguir entre «Batasuna y la izquierda abertzale», a la que no se debía «criminalizar». Siguiendo el razonamiento del auto dictado ayer, el juez no actuó entonces contra Otegi porque la formación ilegalizada buscaba «el fin de la violencia», a pesar de que un mes antes ETA había matado a dos personas y Batasuna no había condenado la acción criminal.
Garzón ha sido sincero. Ha metido a los dirigentes de Batasuna en la cárcel porque ETA ha roto la tregua, en coincidencia clara con el cambio de criterio de la Fiscalía y con la política de dureza del Gobierno contra la banda y su entorno. No hay duda de que la inmensa mayoría de los españoles estarán de acuerdo con su actuación de ayer. Pero pueden acabar considerándolo un juez que aplica o no la ley en función de la oportunidad política, y eso no es bueno para la credibilidad de la Justicia. Este extremo es tan evidente que lo pone de manifiesto el propio Garzón en el auto, al aclarar que no debe confundirse la «necesidad de actuación» con una «eventual arbitrariedad de la misma».
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