Se trata de la ley más discutida de todas las que va a aprobar el Congreso durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El PP se ha opuesto a ella desde el primer momento porque la considera innecesaria, al entender que va a enfrentar la memoria de media España contra la otra media.

Precisamente por eso, por ser una norma tan discutida, López Garrido estaba ayer muy satisfecho de haber logrado sentar las bases para que esta ley salga adelante con el respaldo, no sólo de los votos que necesita, sino de los de casi todos los grupos minoritarios del Congreso.

Quien también se mostró muy satisfecho por el «acuerdo básico» logrado fue Gaspar Llamazares, presidente del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

El y el diputado de este grupo Joan Herrera han sido los más exigentes con el PSOE en las negociaciones y han conseguido, según dijo ayer Llamazares, que el proyecto de ley que presentó el Gobierno en septiembre del año pasado «haya cambiado como de la noche al día» si se compara con el que ha hecho posible el principio de acuerdo.

Pese a ello, Llamazares admitió que su grupo hubiera querido ir «más allá» y, entre otras cosas, que la ley declarara que los juicios de la etapa franquista son nulos. No ha sido posible, pero se ha quedado «muy cerca», según dijo, porque se declaran ilegítimas las leyes dictadas por la Dictadura y se derogan los tribunales de aquella época.

Eso deja abierta la puerta a que las personas que sufrieron condenas injustas o prisión durante la Dictadura -o su familia- puedan acudir al Tribunal Supremo y pedir que su caso sea revisado, para que se dicte una «declaración de reparación y reconocimiento personal».

El socialista López Garrido espera que se consiga «una definitiva reparación y reconocimiento a quienes sufrieron por la Guerra Civil y la Dictadura», en consonancia con «el espíritu de concordia de la Transición».

Llamazares, que coincide en que ese es el objetivo de la ley, explicó ante los periodistas que «no es, en contra de lo que dice la derecha, la ley que abre heridas».

«Es una ley de memoria porque por primera vez en 30 años condena el franquismo; de justicia, porque avanza sustancialmente en la anulación legal de los juicios ilegítimos del franquismo, y de reparación, porque elimina los símbolos de la desunión y garantiza el acceso a los archivos y la exhumación de los cadáveres de las fosas», dijo.

El principio de acuerdo, sobre el que seguirán trabajando durante la tramitación en el Congreso, lo suscriben PSOE, IU-ICV, CiU, PNV, BNG, Nueva Canarias, Chunta Aragonesista y Nafarroa Bai.

Fuera de ese principio de acuerdo se sitúa el PP, cuyo secretario general, Angel Acebes, opinó que esta es «la ley de la división».

«Es un profundísimo error y retrata quién es Zapatero y qué intenciones tenía al ser elegido: rememorar la Guerra Civil y olvidar la Transición y la Constitución. Está obsesionado con el pasado», añadió.

Los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) tampoco participan de este principio de acuerdo, pero por razones bien distintas a los populares: dicen que la ley no anula las sentencias del franquismo, con lo que se condena a las familias a tener que hacer un «vía crucis judicial» para que se reconozcan sus derechos; que equipara el bando franquista con el republicano, y que no cumple las expectativas generadas por José Luis Rodríguez Zapatero entre las víctimas cuando anunció esta norma.

Al Partido Comunista de España tampoco le ha gustado que la ley no declare expresamente la nulidad de los juicios.

Mañana se reunirán los diputados que van a discutir el texto, la próxima semana lo debatirá la Comisión Constitucional del Congreso y, si no surgen imprevistos, el jueves día 18 podría ser aprobada en el Pleno y pasar al Senado.

MADRID.- En parte del Gobierno y del PSOE no se veía con buenos ojos que la llamada Ley de la Memoria Histórica se aprobase casi al final de la legislatura, y se era más partidario de guardarla en un cajón hasta el inicio del siguiente periodo gubernamental.

Estos sectores, según ha sabido EL MUNDO, informaron a José Luis Rodríguez Zapatero de las dificultades para lograr el pacto del proyecto legislativo y, con estas premisas, le plantearon que lo mejor era paralizarlo bajo el paraguas de que no se encontraba consenso ni en la izquierda ni en la derecha.

Según las fuentes consultadas, Rodríguez Zapatero se negó en redondo a paralizar el tema y recordó que era una de sus promesas electorales.

Y, de hecho, Zapatero puso a lo mejor de su equipo para intentar lograr el entendimiento con IU-ICV, y con el resto de grupos nacionalistas y minoritarios para sacar adelante el proyecto.

En las negociaciones han estado no sólo el portavoz socialista, Diego López Garrido, sino también el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño -el verdadero artífice de la mayoría de los acuerdos políticos más complejos que ha habido en esta legislatura-, y hasta la mismísima vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Zapatero, según personas cercanas al presidente del Gobierno, quiso anteponer en todo momento su compromiso político a los efectos electorales que una ley tan polémica pudiese tener.

No obstante, en buena parte del PSOE se considera un error haber hecho esto ahora: a menos de cinco meses de las elecciones generales y a cuatro días del 12 de Octubre.

Una buena parte de dirigentes del PSOE cree que esta Ley, aunque necesaria, supone abrir un nuevo frente político del que sacará rédito el Partido Popular, en un octubre que está siendo tormentoso y con muchas nubes para los socialistas.

No obstante, las instrucciones de Zapatero se han cumplido al pie de la letra una vez más. Quería acuerdo, y hay acuerdo.

1. Reparación moral: Reconoce y amplía los derechos de quienes «padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o religiosas durante la Guerra Civil y la Dictadura» y para promover su «reparación moral».

2. Condena expresa: Por primera vez se condena expresamente el franquismo. Para ello, se asume un acuerdo que adoptó el Congreso en 2002 y otro europeo de 2006.

3. Derogación de leyes: Se derogan el Bando de la Guerra Civil de 28 de julio de 1936 y otras leyes de la Dictadura usadas para dictar condenas.

4. Condenas injustas: Se declara la ilegitimidad de los tribunales de la Guerra Civil que se crearon para imponer condenas por motivos políticos, ideológicos o religiosos. Se reconoce el carácter injusto de esas condenas.

5. Derecho a reclamar: Se reconoce el derecho a obtener una «declaración de reparación y reconocimiento personal» a los afectados. Se podrán llevar a cabo reclamaciones judiciales.

6. Más prestaciones: Se mejoran las prestaciones reconocidas en 1979 a los familiares de los fallecidos durante la Guerra Civil y se amplía el colectivo de personas con derecho a ser indemnizado por sufrir prisión en el franquismo.

7. Búsqueda de fosas: Se autoriza la «ocupación temporal de terrenos» para que las Administraciones públicas se impliquen en la localización e identificación de las personas enterradas en fosas comunes.

8. Retirada de símbolos: La Administración adoptará medidas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros símbolos de exaltación del golpe de Franco, la Guerra o la Dictadura.

9. El Valle, de todos: El Valle de los Caídos no podrá usarse para exaltar la Guerra Civil o la Dictadura. Servirá para honrar la memoria de todos los fallecidos y para estudiar ese periodo histórico, los valores constitucionales, la paz y la memoria democrática.

10. Información libre: Derecho de acceso a los documentos de los archivos públicos y a obtener copia de los mismos.