El texto pactado entre PSOE e IU -al que se sumaron ayer todos los partidos nacionalistas, con excepción de ERC- no sólo no va a «cerrar las heridas» del enfrentamiento entre los españoles durante la Guerra y el franquismo sino que las va a reabrir porque se trata de una iniciativa sectaria y partidista que interpreta aquella tragedia de acuerdo solamente con la visión de uno de los dos bandos de la contienda.

La exposición de motivos de la ley habla genéricamente de «reparar los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura», estableciendo una implícita equiparación entre las víctimas de uno u otro bando que luego contradice en la gran mayoría de sus artículos.

El aspecto más controvertido de esta iniciativa es la disposición derogatoria que invalida no sólo la legalidad de todas las leyes del bando nacional durante la Guerra Civil sino también las disposiciones del régimen de Franco. No se derogan, en cambio, las leyes del bando republicano dictadas entre julio de 1936 y abril de 1939, cuya aplicación permitió la ejecución sumaria de miles de inocentes.

Si lo que se pretende es restituir la memoria de aquella etapa histórica, tan justo sería recordar a las víctimas de los abusos de un bando como de otro. Pero la ley pactada entre el Gobierno, IU y los nacionalistas sólo habla expresamente de las víctimas del franquismo sin mencionar jamás a las otras.

Estamos ante una memoria selectiva y sectaria, que deroga expresamente la legislación franquista para abrir la vía a la revisión de los juicios del bando nacional y el franquismo pero no a la inversa.

Durante la Transición, el Congreso ya legisló una serie de reparaciones al bando derrotado en la Guerra Civil en el contexto de un esfuerzo de reconciliación de todos los españoles. Esta ley pretende reinterpretar la Historia y convertir la desgraciada contienda que finalizó hace 68 años en una película de buenos y malos.

Zapatero se comprometió con IU a sacar adelante esta Ley de la Memoria antes de acabar la legislatura. E incluso podría haberse apuntado un éxito de haberlo hecho con una amplia mayoría parlamentaria. Pero el Gobierno y sus aliados han promovido un texto excluyente, que ofende a la derecha sin saciar las ansias de venganza de ERC, que ayer reivindicaba la necesidad de exigir responsabilidades penales a los dirigentes del franquismo. Si todo hubiera sido así de execrable, habría sido imposible forjar el consenso que aun dura en torno al Príncipe Juan Carlos, elegido sucesor por el dictador pero luego refrendado por la Constitución de la democracia.

Zapatero ha cometido en esta ley el despropósito de pretender enlazar la actual legalidad democrática con la de la Segunda República, tachando de un borrón cuatro décadas de Historia. El resultado es un bodrio que haría bien en retirar, aunque sólo fuera para no molestar a la mitad del Parlamento y de la nación.