La solicitud fue emitida el día 4 de octubre, fecha en la que se efectuaron las detenciones de la mayor parte de los dirigentes de Batasuna -por pertenencia a banda armada y por vulnerar la suspensión de actividades de la formación ilegalizada- y en la que se ordenó el registro de la sede de Tierras Vascas. El magistrado indica que la búsqueda ha de ser «exhaustiva».

De hecho, y aunque el magistrado reclama respuestas concretas a una serie de preguntas y gestiones «con el fin de establecer la eventual vinculación con Batasuna» de ambas formaciones, se centra de un modo más concreto en el partido con representación en el Parlamento vasco, sobre el que solicita un «análisis exhaustivo de cada una de las conexiones existentes y que se concluya razonadamente sobre si el PCTV forma parte de un complejo terrorista liderado por ETA».

Requiere el juez en el oficio que las Fuerzas de Seguridad le informen sobre si «existe dependencia orgánica o de otro tipo» de los citados partidos con Batasuna; «si los responsables del PCTV han llevado a cabo algún tipo de actividad fuera de los límites de la Comunidad Autónoma Vasca» -en supuesta referencia a Navarra-, y de qué datos diponen sobre la financiación, destino y utilización de fondos de esta formación.

Esta especial dedicación por Tierras Vascas tiene una base objetiva, cual es el hecho de que en los últimos meses los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna encarcelados tras la redada efectuada en la localidad guipuzcoana de Segura habían estado utilizando, prácticamente a diario y con total impunidad, las instalaciones de la sede del Partido Comunista de las Tierras Vascas ubicado en un polígono industrial en San Sebastián.

Según las fuentes consultadas, en el registro realizado en esta sede los agentes de la Policía pudieron acceder a información relevante sobre la relación entre ambos partidos.

El magistrado del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, en cualquier caso, ha reclamado a las Fuerzas de Seguridad que le faciliten las observaciones telefónicas que estén en su poder y que puedan relacionar a ANV con Batasuna; una relación de personas que puedan vincularse a ambas formaciones; la transcripción de conversaciones a las que hayan tenido acceso; las actas de las vigilancias realizadas, o los análisis de las secciones de inteligencia policiales.

Del mismo modo ha remitido un listado con los nombres de 40 personas sobre las que solicita todos los datos que se le puedan facilitar. Paradójicamente, en el listado no está Pernando Barrena, que ha ratificado en los últimos días las labores de portavoz de Batasuna que ha venido realizando en los últimos meses. Y sí consta, por ejemplo, Marije Fullaondo, incorporada a la última Mesa Nacional de Batasuna después de liderar una de las plataformas ilegalizadas en su día por el Constitucional.

También se incluyen los nombres de personas que han estado vinculadas durante años a la formación ilegalizada en diversas funciones, y que pasaron a desempeñar automáticamente idéntico cometido en el Partido Comunista de las Tierras Vascas el mismo día en el que, en una rueda de prensa, Batasuna solicitó el voto para este partido en los días previos a las elecciones autonómicas vascas.

El juez busca, además, conexiones entre ETA, KAS, Ekin, Udalbiltza, ANV y PCTV, entre otros.

A raíz de las detenciones de los dirigentes de la Mesa Nacional, han trascendido datos que reforzarían el interés indagatorio de Garzón por ANV y por Tierras Vascas. En la documentación incautada, y según se recoge en el auto de procesamiento, se encontró en poder de Maite Labastida, candidata de Batasuna en 2003 y 2007, un «documento de información bancaria emitido por la Caja Vital recogiendo una transferencia emitida por ANV por un importe de 213 euros en concepto de gastos».

En un encuentro anterior de la Mesa Nacional, celebrado el 14 de septiembre en Salvatierra, estuvo presente la parlamentaria Nekane Erauskin, y las Fuerzas de Seguridad pudieron documentar entonces el pago de nóminas por parte de Tierras Vascas a una decena de dirigentes de Batasuna por un valor de más de 1.000 euros.

No es la primera vez que el magistrado solicita este tipo de informes a la Policía y a la Guardia Civil. La última vez, en el mes de abril, cuando se estaba cuestionando la presencia de ANV en los comicios municipales, los informes de ambos cuerpos fueron distintos en sus conclusiones y el magistrado solicitó que unificasen sus criterios en un único documento en el que tuvieron que responder a preguntas muy concretas y, algunas de ellas, muy parecidas a las realizadas en esta ocasión. Entonces, la conclusión del magistrado ante las pruebas ofrecidas fue que no se había encontrado «ni un mínimo vínculo» de ANV con Batasuna ni con ETA.

Las Fuerzas de Seguridad sostienen que, con motivo de esa investigación, parte de los datos pedidos por el juez ya están en su poder.