A su derecha se situó el Príncipe Felipe, también vestido con uniforme militar -de comandante del Ejército-, que asistió a la reunión por deseo expreso de su padre, a pesar de que su presencia en el Pleno del Consejo no está prevista en la Ley de la Defensa Nacional.

A dos días de la celebración del Día de la Fiesta Nacional, Don Juan Carlos ejerció ante la cúpula militar y los principales miembros del Gobierno su papel como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Atribución reconocida en la Constitución, la reunión del Pleno del Consejo de Defensa es, en cambio, una de las pocas ocasiones en las que el Monarca puede ejercerla en la práctica.

Según el funcionamiento del organismo, aprobado la semana pasada por el Gobierno, el Consejo informará al Rey sobre asuntos de Defensa al menos una vez al año. Ayer, Don Juan Carlos asistió a la primera reunión y lo hizo acompañado por el Príncipe Felipe, en un gesto con el que el Monarca trata de ir incorporando al Heredero de la Corona a los grandes asuntos de Estado.

Al encuentro, que se prolongó durante dos horas, asistieron el presidente del Gobierno, los dos vicepresidentes, el jefe del Estado Mayor, los jefes de los tres Ejércitos, los ministros de Defensa, Interior y Exteriores, el director del Centro Nacional de Inteligencia, el jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno y el secretario general de Política de Defensa, en calidad de secretario.

El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, expuso las principales líneas seguidas por su departamento durante la Legislatura. Entre ellas, el desarrollo de la directiva marcada en 2004, la actividad legislativa realizada y las misiones en el exterior en las que actualmente participan las Fuerzas Armadas.

Alonso inició su explicación detallando el «muy satisfactorio grado de cumplimiento» de la Directiva de Defensa Nacional, aprobada en diciembre de 2004. Como principales novedades en la política de Defensa española, en ella se explicitaba el «respeto absoluto a las resoluciones de las Naciones Unidas» que debían tener las misiones enviadas al exterior y se promovía «la búsqueda del respaldo parlamentario» previo al envío de efectivos.

La retirada de las tropas de Irak y el incremento de la presencia española en Afganistán, con autorización previa del Congreso, son consecuencia de las líneas marcadas por el Gobierno y la base del «muy satisfactorio grado de cumplimiento» de la Directiva proclamado ayer por el ministro de Defensa.

Alonso también realizó una descripción al Pleno del Consejo de las cuatro misiones en las que actualmente participa el Ejército español -Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán y el Líbano-, tanto en el plano operativo como en el político.

En cuanto a la actividad legislativa, José Antonio Alonso recordó que en esta Legislatura se han aprobado dos leyes orgánicas, dos leyes ordinarias, 43 reales decretos, 206 órdenes ministeriales y 523 convenios de colaboración.

El ministro hizo especial hincapié en las tres normas que considera más importantes: la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Tropa y Marinería y el Real Decreto sobre indemnizaciones a los participantes en las misiones en el exterior.

Se refirió, además, a la Ley de la Carrera Militar, cuyo trámite parlamentario resultó polémico, al haber tramitado ERC en el Senado una enmienda en la que reclamaba que Don Juan Carlos cediera el mando supremo de las Fuerzas Armadas al presidente del Gobierno.