En 10 de los 18 ayuntamientos gobernados por el PSE en el País Vasco, en 26 de los 203 ayuntamientos regidos por el PSC en Cataluña, y en dos de los 14 municipios dirigidos por correligionarios de Antich en Baleares, persiste una desafección intolerable hacia el símbolo por excelencia del Estado. La cifra no es significativa si se compara con la mayoría de ayuntamientos socialistas españoles, en cuyas fachadas ondea lógicamente la bandera nacional junto a las respectivas enseñas locales y autonómicas. Pero resulta escandaloso que el partido del Gobierno consienta que muchos de sus alcaldes vascos, y un número nada desdeñable de sus primeros ediles en Cataluña y Baleares, no sólo no den ejemplo y velen por la legalidad, sino que se presten a dar una coartada a los separatistas obviando la Constitución.

La Ley 39/1981 sobre el uso de los símbolos del Estado no da márgenes a la interpretación cuando establece que «la bandera de España deberá ondear en el exterior de todos los edificios oficiales». Tampoco el Supremo, que ya ha fallado sobre esta cuestión. Simplemente, quienes se niegan a izar la rojigualda están vulnerando la ley y desatendiendo al Alto Tribunal.

Que dos capitales de provincia como San Sebastián y Tarragona, o que Algaida -donde nació y fue alcalde el presidente de Baleares- engrosen la nómina de ayuntamientos rebeldes ofrece una idea de hasta qué punto el repudio al emblema preclaro de la unidad del Estado es un problema grave ante el que no caben paños calientes ni falsos pragmatismos. Ya se sabe que allí donde hay mayorías nacionalistas izar la bandera de todos puede prender los ánimos de los más radicales. Pero esta anomalía en la convivencia no debería servir de excusa a socialistas vascos y catalanes, sino más bien todo lo contrario.

Zapatero y Blanco someten a juicio público su credibilidad y el fuste de esa «España serena y unida» que dice representar el PSOE, en la medida en que sean capaces de meter en vereda constitucional a estos 38 alcaldes. La legalidad no puede estar supeditada a guiños electorales allá donde los nacionalistas ostentan el poder autonómico. Ni tampoco a pactos y coyundas. No en balde advertía José Bono, con un análisis que alumbra el meollo de algunos de los motivos que pueden llevar a un alto cargo del PSOE a secundar comportamientos propios de un partido antisistema, que «hay alcaldes que entre la nómina y la bandera se quedan con la nómina». Ni el Gobierno ni el PSOE deben tolerar que sus ediles pongan en almoneda el cumplimiento de la ley y la doctrina del Supremo. La cuestión no es baladí, por mucho que De la Vega, Rubalcaba, o incluso el ministro de Justicia hayan intentado tirar balones fuera acusando al PP de apropiarse de los símbolos.