El máximo boato y un tratamiento sin precedentes en las visitas de los presidentes autonómicos a La Moncloa se pusieron ayer al servicio del último pulso al Estado: la decisión de Ibarretxe de celebrar una consulta soberanista en octubre, como paso previo a un referéndum de autodeterminación «con plena validez jurídica» en 2010. Zapatero respondió con una negativa inequívoca y clara al lehendakari, pero le prestó una escenificación que da alas a que Ibarretxe siga intentándolo, toda vez que lo que Zapatero cuestiona no es tanto el rumbo del plan soberanista como el camino elegido por el presidente vasco.
El presidente del Gobierno ha alentado la bilateralidad en que se apoya ahora el lehendakari para plantear su órdago. Lo volvió a hacer ayer recibiendo a Ibarretxe en la escalinata de La Moncloa, flanqueado por una bandera de España y otra del País Vasco como si fueran dos entidades equivalentes y que debieran relacionarse «desde el respeto mutuo», tal y como consta en la nota manuscrita del lehendakari que reproducimos en nuestra portada.
Y lo hizo al sucederle en la rueda de prensa posterior al encuentro, como si Ibarretxe fuera un jefe de Estado o de Gobierno. Esta bilateralidad ha servido para reforzar los mitos que anidan tras la pulsión separatista. Así, el presidente vasco apeló a «la tozudez de un pueblo de 7.000 años de historia» para subrayar su determinación y recordó los acuerdos de Downing Street -entre los Estados soberanos de Reino Unido y la República de Irlanda- a fin de dar a su grotesco plan de independencia un halo de dimensión histórica.
El presidente del Gobierno insistió en que no habrá referéndum de autodeterminación, pero le faltó concretar cómo va a impedirlo. El hecho de que rehuyera aclarar qué piensa hacer para parar los pies a Ibarretxe es sintomático de una tibieza que afecta y perjudica al Estado, en la misma medida que alienta el secesionismo vasco, el catalán o el gallego. Zapatero se refirió con profusión a la legalidad y a la Constitución para argumentar que el plan soberanista de Ibarretxe «no se puede hacer, no se va a hacer y no se hará», pero sus evasivas a la hora de explicar hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo permiten un grado de incertidumbre que sólo beneficia al independentismo. El presidente vasco ha pedido diálogo, pero hace oídos sordos a lo que le dicen situándose más allá de las leyes y de los márgenes y posibilidades que ofrece el marco constitucional. Para ello defendió la legitimidad y legalidad de su plan apoyándose precisamente en algunos de los pasos más temerarios que Zapatero ha dado durante la legislatura.
No es de extrañar que, torticeramente, Ibarretxe se preguntara cómo puede Zapatero negarse a tratar ahora con el presidente legítimo de los vascos lo que hasta hace bien poco ha negociado con ETA y Batasuna. O que apuntara el agravio comparativo que supone que Cataluña y Andalucía hayan logrado que se les reconozca el derecho a convocar consultas no vinculantes, y ahora se le niegue esa posibilidad al País Vasco. Finalmente, Ibarretxe emplazó al presidente del Gobierno a pactar juntos el contenido de su consulta soberanista, en atención a la misma bilateralidad de que se sirvió Zapatero para negociar con Artur Mas la letra del Estatuto catalán. En definitiva, Zapatero ha prestado a Ibarretxe los sofismas que ahora utiliza el lehendakari para amenazar al Estado. En el pecado está teniendo precisamente la penitencia, pero lo que no se le ve a Zapatero es el menor propósito de enmienda.
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