En uno de los apartados incluidos en el proyecto de ley, aceptado ayer por el PP, se indica que el Valle de los Caídos no podrá ser utilizado para celebrar «actos de naturaleza política» ni que exalten la Guerra Civil o el franquismo. Ese monumento será para «honrar y recuperar» la memoria de todas las personas fallecidas en los tres años de contienda y en la época siguiente de represión política.

A propuesta de Convergència i Unió (CiU), la ley indica que la Fundación que gestionará el Valle de los Caídos «fomentará las aspiraciones de reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad». IU-ICV votó contra este artículo, porque en él desaparece que un objetivo de ese órgano gestor deba ser «la exaltación de la paz y de los valores democráticos».

Otra novedad añadida a la ley, a propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), es el derecho de los exiliados que perdieron la nacionalidad española, y sus hijos y nietos, a recuperarla. También podrán recibirla los miembros de las Brigadas Internacionales que vinieron a España a luchar desde el bando republicano contra el franquismo.

La futura ley fue apoyada por el PSOE, IU-ICV, CiU y el PNV. El Partido Popular y Esquerra Republicana de Catalunya votaron en contra.

Los diputados populares rechazaron casi toda la ley, porque la consideran innecesaria y dicen que va a dividir a la sociedad, pero votaron a favor de los apartados que mejoran las ayudas y prestaciones a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Su portavoz, Jorge Fernández, criticó con dureza este proyecto del Gobierno.

Según este diputado, la ley va a «dinamitar el espíritu de la Transición». Vaticinó que la historia hará pagar al PSOE «la brecha y las heridas que está abriendo, que estaban cicatrizadas en la sociedad española», porque «no hay derecho a lo que ha hecho», indicó.

El PP se mostró en contra de que se obligue a retirar de las ciudades los símbolos que exalten la Guerra Civil o el franquismo. Fernández recordó que muchos municipios, en 27 años de democracia, han cambiado los nombres de las calles. «Dejemos a los ayuntamientos, que son mayores de edad, que digan cuál es su callejero», añadió.

Desde las filas del PSOE, los diputados José Antonio Barrio de Penagos y Daniel Fernández subrayaron que esta ley «es para todas las víctimas», que no ha pretendido «arrinconar» al PP como se quejó el popular Jorge Fernández y, en definitiva, que no es para «dividir» sino para hacer justicia.

Los portavoces de los demás partidos también criticaron al PP. Joan Herrera, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds -el grupo que más cambios ha logrado introducir en esta ley en su negociación con el PSOE- destacó que en el texto modificado ya no se equipara a «los dos bandos» -en referencia a quienes defendieron al Gobierno legítimo de la Segunda República y a los seguidores de la sublevación militar del general Franco-, que la Administración Pública se va a implicar directamente para localizar e identificar los cadáveres enterrados en fosas comunes y, sobre todo, que se declaran «ilegítimas» las sentencias dictadas por los tribunales franquistas, lo que abre la puerta a poder pedir que sean anuladas.

Herrera reconoció que el texto ha cambiado mucho en comparación con el que presentó el Gobierno, gracias a las aportaciones de su grupo y de otros, pero dijo que no han logrado todo lo que querían en IU-ICV. Por eso anunció que en la próxima legislatura van a pedir que sea la Fiscalía, y no las personas particulares, la que se encargue de pedir la nulidad de las sentencias.

Joan Tardà, de ERC, también dijo que su grupo continuará el debate sobre esta ley en la próxima legislatura, porque lo que se hace ahora con ella es «consagrar el modelo español de impunidad».

Jordi Xuclá (CiU), Aitor Esteban (PNV) y Begoña Lasagabaster (Grupo Mixto) expresaron sus discrepancias con la ley, pero votaron a favor de muchos artículos porque consideran que el texto ha mejorado durante su tramitación en el Congreso.