El Partido Popular reiteró ayer su rechazo a una ley que provoca división entre los españoles y reabre sin necesidad viejas heridas. Los populares apoyaron siete de sus artículos, incluida una enmienda de CiU para «despolitizar» el Valle de los Caídos y las mejoras en las ayudas y prestaciones para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Su proceder demuestra que hubiera sido posible, de ser ése el propósito del PSOE, un proyecto de memoria reconciliador alcanzado por consenso. De hecho, durante la democracia ya se han aprobado varias leyes de reparación a las víctimas de la dictadura y hace años que se exhuman los cadáveres de los represaliados para darles un entierro digno, aunque los promotores de la ley hayan argumentado falazmente que ésa era una de las razones que motivaban esta ley.

En el lado opuesto, Zapatero se ha encontrado con el rechazo de ERC, que considera que la nueva legislación se queda tan corta que «consagra el modelo español de la impunidad» que llevará «al Estado a los tribunales europeos, conforme a la doctrina de Nuremberg». Con socios así, hay que pensar que el presidente del Gobierno vivía en la inopia si pensó que al menos satisfaría a una de las partes. La mejor prueba es que ni siquiera Izquierda Unida, que ha votado a favor, considera que esta ley cierra nada. Bien al contrario, coincide con ERC en anunciar que darán batalla en la próxima legislatura para ampliarla pues no es más que «un punto de partida».

Antes de contar con esas posibles «ampliaciones» -en el sentido más truculento imaginale-, la ley, tal y como está, seguirá alimentando la polémica estéril. Así ocurrirá con el artículo 15, que ayer quedó intacto, y que obliga a las Administraciones Públicas a retirar las subvenciones y ayudas a instituciones y edificios públicos y privados, iglesias incluidas, que no retiren todo escudo, insignia, placa, objeto o mención de la Guerra Civil o el franquismo. Resulta de todo punto improcedente someter unas subvenciones o ayudas que supuestamente se dan por unos motivos concretos y razonados que nada tienen que ver con la contienda a ese chantaje revisionista. ¿Es que el Gobierno pretende dejar que se hunda el tejado de una sola iglesia con valor artístico y patrimonial en el caso de que ésta se niegue a retirar una placa de homenaje a los «caídos» del pueblo? ¿O admitirá por el contrario que tales disposiciones no tienen más que un cariz propagandístico?

El citado artículo representa bien el talante general que rezuma esta ley, respecto a la cual ayer IU se vanagloriaba abiertamente de haber suprimido toda «equidistancia en las referencias a los dos bandos». Por obra y gracia de Zapatero, el espíritu que animó la Transición vuelve a quedar en almoneda en nuestra democracia.