Se trata de un asunto muy complejo desde el punto de vista jurídico, puesto que la petición puede tener fundamento, pero conviene no dejarse enredar en galimatías para explicar lo que hay detrás de esta aparente cuestión legal. La vicepresidenta De la Vega aseguró ayer solemnemente que el único objetivo del Gobierno es «garantizar y preservar la imparcialidad de los jueces». Sin embargo, a poco que se analice con detalle la actuación del Ejecutivo, la conclusión a la que se llega es la contraria. En realidad, el Consejo de Ministros asestó ayer un duro golpe a la credibilidad de la alta institución del Estado, puesto que ha recusado a dos magistrados con el fin de cambiar la correlación de fuerzas. Es decir, el Gobierno ha tomado esta decisión al prejuzgar que García-Calvo y Rodríguez-Zapata iban a defender posiciones contrarias a las tesis gubernamentales, lo cual es un insulto a la independencia de los magistrados del Constitucional. La recusación no está planteada, pues, para garantizar la «imparcialidad» del tribunal, sino para ganar un pleito que el Gobierno supone que de otra forma perdería.

Tampoco conviene olvidar que detrás de esta batalla de altos vuelos jurídicos en torno a la llamada enmienda Casas, lo que se esconde en realidad es el intento de que el Tribunal Constitucional se quede sin tiempo ni prestigio para pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña. Con estas maniobras dilatorias, las elecciones de marzo se celebrarán sin que haya sentencia sobre uno de los asuntos más trascendentales de la acción de Gobierno en esta legislatura. Mientras se intenta entretener al ciudadano con vídeos más o menos ocurrentes, la calidad de nuestra democracia sigue deteriorándose a pasos agigantados.