La banda explica -a veces con mucho cinismo- las razones que le hicieron perder la paciencia tan rápido en un proceso que teóricamente había vendido como definitivo después de hacer que la izquierda abertzale convenciera a los socialistas y al Gobierno -que actuó tomando en consideración esta premisa- de que «la organización quiere dejarlo».

Según ETA, primero, sus representantes y los del Ejecutivo celebraron una reunión en junio en la que la banda exigió que el Gobierno cumpliera el acuerdo. Tras este encuentro, remitió una carta al presidente. La respuesta fue la declaración de Zapatero el 29 de junio, dando por verificadas las condiciones para negociar.

El presidente, como había sido acordado, recogió en su proclama que respetaría «las decisiones de los ciudadanos vascos» pero no leyó su intervención y cambió términos.

La organización terrorista asegura ahora que el pronunciamiento de Rodríguez Zapatero «rompió lo acordado con la banda», porque cambió «Euskal Herria por vascongadas» -en realidad el presidente se refirió a Euskadi- y limitó el proceso a la Constitución. «El Gobierno español pensaba que se podría mantener un proceso con las mismas fronteras de guerra existentes», dice la banda que, con toda desfachatez, añade: «Ese capricho guió sus pasos».

Tampoco la escenificación pública de la reunión entre el PSE y Batasuna en julio fue suficiente. ETA asegura que «los ataques represivos del Estado español no pararon», «el Gobierno español no iba al fondo político del asunto y estaba convirtiendo el proceso en algo técnico», y que se retrasaba la convocatoria de la mesa de partidos alegando el PSE la inminencia de las vacaciones de verano. Así que, después de realizar «un balance» y una reflexión», «ETA se dispuso a una respuesta armada».

Es cierto que a la banda se le dio a entender que las detenciones y los procedimientos judiciales podrían encontrar una solución satisfactoria, que se alimentaron ciertas expectativas políticas y que, en julio, todavía no estaba cerrada la mesa política que, por otra parte, se inició en septiembre. ETA obvia que seguía con la violencia, que había iniciado el proceso asumiendo el llamado documento cero, que determinaba que se iba a partir de la actual legislación aunque hubiera que cambiarla en el futuro, y que Pernando Barrena, portavoz de Batasuna, se mostró en su día satisfecho con la intervención del presidente, aunque tres días después, tras el debate presupuestario, cambiase de opinión. De todos modos, era demasiado pronto para cansarse.

La banda, en cualquier caso, relata cómo combinaba las advertencias con la aportación de nuevas propuestas en las mesas de negociación. Los terroristas exponen con tanta desfachatez su derecho a realizar este planteamiento de proceso bajo amenaza -asumido por el Ejecutivo- que, a pesar de reconocer que llevaba casi desde el principio con la intención de atentar, se queja de que se le censurase por el robo de 300 armas en Francia. Dice que el Gobierno lo puso como «excusa». No en vano, un documento interno de otoño revela que veía compatible combinar los contactos con el diálogo.

No es la única revelación llamativa de este Zutabe, ni es la única vez que muestra su discutible voluntad de encontrar una salida. ETA asume que, en la etapa final de las negociaciones entre PSOE, Gobierno y ETA cambió ciertas exigencias sobre el Ejecutivo cuando éste estaba dispuesto a cumplir los primeros pactos.

Sobre la presunta panacea, la autonomía a cuatro -cuyo intento de imposición provocó la ruptura de la mesa política-, viene a reconocer que la planteó para superar la crisis en la que estaba sumida la izquierda abertzale y utilizarla en su estrategia. Ratifica que ni siquiera era una propuesta permanente. Era «un marco de transición hacia la consecución de un Estado soberano» y define su objetivo real del siguiente modo: «Con esta iniciativa se ha conseguido superar la sensación de cansancio que se daba en la izquierda abertzale, ofreciendo un espacio común de lucha con planteamientos concretos».

Respecto a la consulta planteada por Ibarretxe, descarta que pueda servir para encontrar una solución. Dice -aunque se refiere a la polémica suscitada por su anuncio en agosto, no al plan cerrado en septiembre- que le es útil a Ibarretxe para escenificar una «falsa confrontación con el Estado». Además, asume la kale borroka -hasta ahora había dicho que era una expresión popular- y anuncia que va a seguir utilizándola no sólo en España- «como la respuesta más efectiva a la acción represiva del Estado»-, sino también en Francia -un nuevo frente de lucha-. Finalmente, se opone al AVE vasco.

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