Cuanto más se conoce la letra pequeña de las negociaciones entre el Gobierno y ETA, más inconsistente se revela el escenario ideal sobre el que Zapatero proyectó su proceso de paz. Las informaciones publicadas por EL MUNDO tras analizar el Zutabe 112 de ETA han generado un fuerte impacto, al arrojar luz sobre algunos ángulos de las negociaciones, como el blindaje de ANV en las municipales. En su último boletín, la banda admite, también, que decidió volver a atentar sólo cuatro meses después de su declaración de tregua. Para ETA, el robo de armas, la extorsión y las bombas formaron parte de las negociaciones; tras el crimen de la T-4 sabemos que tampoco para el Gobierno los atentados suponían el punto final de las conversaciones, que se mantuvieron vivas hasta mayo.
La banda arguye que «se dispuso a dar una respuesta armada» a la declaración de Zapatero del 6 de junio en el Congreso, en la que el presidente reconoció el «derecho a decidir» de los vascos, pero supeditado a la Constitución, lo que suponía, al decir de ETA, romper «lo acordado». No cabe duda de que las revelaciones del Zutabe reflejan principalmente la vesania criminal de la banda. Pero dejan entrever también el inconsciente voluntarismo del presidente en su empeño por sostener y justificar el proceso. El presidente debe explicar por qué aseguró que ETA tenía intención de dejar las armas cuando, muy al contrario, los terroristas consideraban que podían atentar para «reconducir» las negociaciones. También debería aclarar por qué aseguró que no se pagaría ningún precio político, cuando la banda interpretó el «derecho a decidir» como una contraprestación sin cortapisas constitucionales hacia la independencia. O las comunicaciones fallaron desde el primer día, o el presidente no dudó en confundir su deseo con la realidad.
Las revelaciones de ETA alumbran también cómo la reunión entre los dirigentes del PSE y la ilegalizada Batasuna fue un ejercicio de compensación a la banda. Ayer el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimó los recursos interpuestos por Ibarretxe, Patxi López, Rodolfo Ares y siete representantes de Batasuna, dando luz verde a la causa abierta contra el lehendakari y el líder del PSE por sus reuniones con el brazo político de ETA. Ahora el magistrado deberá decidir si archiva el caso o si sienta en el banquillo de los acusados a Ibarretxe y a los dirigentes socialistas, que podrían haber incurrido en colaboración necesaria del delito de desobediencia que, supuestamente, cometieron los cabecillas abertzales.
Desde un punto de vista político, es censurable que Ibarretxe y López legitimaran como interlocutores a los representantes de una formación proscrita. Los tribunales fallarán si la vulneración del espíritu de la Ley de Partidos es un delito. Pese a excepciones clamorosas, como las de Garzón y Conde-Pumpido, es evidente que la legalidad no puede ni debe estar supeditada a las circunstancias políticas.
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