Ante el estupor social, la Fiscalía y el juzgado se han enzarzado en una carrera para transferir sus respectivas responsabilidades. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emitió anteayer una nota en la que establecía que «el fiscal no asistió a la declaración del imputado pese a tener conocimiento del caso», pero no explicó por qué no lo hizo y por qué el juez, ante la gravedad del caso, no ejerció su facultad de convocar a las partes. Eso es lo que trató de explicar ayer la fiscal jefe del TSJC, Teresa Compte, revelando que cuando su subordinada telefoneó desde otra localidad, le dijeron en el juzgado que el caso no era grave y no requería su presencia. Compte también ha alegado que la Fiscalía no recibió el atestado policial con la grabación de las terribles imágenes hasta el lunes. Si esto es así, resulta evidente que la primera responsabilidad es del juez, pero eso no exime a la Fiscalía que, pese a recibir el vídeo el lunes, no reacciona hasta el miércoles. Para colmo, el juez decidió retrasar su decisión respecto a la detención un día más alegando que la petición de la Fiscalía llegaba tarde, a las 15.40 horas, cuando estaba ya cerrado el registro del juzgado.

Si no fuera por la repercusión del caso en los medios, todo apunta a que Sergi Xavier Martín hubiese salido impune después de comparecer unas cuantas veces en el juzgado. Resulta indignante, pues a tenor del vídeo hay fundamento para imputarle al menos tres delitos que conllevan varios años de cárcel: uno contra la integridad moral, otro de lesiones físicas y psicológicas, y otro de agresión sexual, con el agravante en todos ellos de xenofobia. Respecto a la prisión provisional que tendría que haberse dictado desde su primer arresto, también estaba más que justificada, no sólo para garantizar su presencia en posteriores comparecencias, sino, sobre todo, por el peligro de reincidencia, algo que las declaraciones chulescas del joven catalán -achacando su conducta a una borrachera «y punto»- y sus antecedentes penales revelan más que probable.