El juez le obliga a comparecer ante el juzgado dos veces al mes y a hacerlo dos veces al día ante la Policía Local de Santa Coloma de Cervelló. El magistrado tomó esta decisión tras estar deliberando cuatro horas en su domicilio.

Uno de los aspectos más curiosos de la resolución es que también le prohíbe «la utilización de los trenes de la línea S-8 de los Ferrocarriles de la Generalitat, línea que pasa por Sant Boi, en cualquiera de sus direcciones» y «acudir a otras localidades que no sean Sant Boi, Santa Coloma de Cervelló o la Colonia Güell [zona en la que reside] sin petición y autorización de este juzgado».

Tampoco podrá acercarse a la víctima -menor de edad y testigo protegido en este caso-, a menos de 1.000 metros, así como comunicarse con ella en cualquier circunstancia. En caso de incumplimiento, «podría imponérsele la prisión provisional».

El juez considera, además, que «en el presente momento de la instrucción, y al margen de lo que resulte de las diligencias pendientes», Martín ha cometido un delito contra la integridad moral de la víctima. Observa, no obstante, en base al dictamen del médico forense, que «no concurre lesión física objetivable», aunque la joven se encuentra «en un estado de abatimiento por la agresión sufrida». Pero, «lamentablemente, no se cuenta con ningún informe médico o psicológico al respecto que permita afirmar una lesión psíquica», asegura. Sin embargo, la chica víctima y su familia han asegurado que sienten miedo.

El juez apunta que «sólo se puede afirmar la concurrencia de un delito de trato degradante junto a la agravante de xenofobia», lo que situaría la pena de seis meses a dos años en su mitad superior, y dice que el riesgo de fuga es «una mera probabilidad». Las pruebas forenses practicadas a la víctima revelan que fue golpeada, insultada y humillada por el imputado el 7 de octubre, con una cámara de vídeo y un pasajero impasible como únicos testigos. Por este orden, declararon la menor, el testigo y el agresor. El tercer viajero, que permanecía en todo momento inmóvil, es un argentino de 24 años.

Las múltiples presiones e insultos que, según dijo, recibió por parte de algunos de sus vecinos de Olesa de Montserrat tras la divulgación del vídeo del tren le empujaron a personarse en la comisaría de los Mossos de Esplugues de Llobregat. Ante los agentes se reconoció en las imágenes y corroboró los insultos racistas.

El único testigo se queja

El testigo se quejó de que por la calle le reprochen que se mostrara imperturbable y no diera un paso para evitar la agresión, explicaron fuentes próximas al caso.

Antes, la chica ecuatoriana había llegado al juzgado acompañada por su madre y su hermana, dos representantes del consulado de Ecuador y su abogado, Juan Córdoba. Un guardaespaldas trató de protegerlos sin éxito del alud de cámaras que esperaban su llegada, mientras la chica se cubría la cara con el pelo.

Paradójicamente, la víctima accedió al juzgado por la puerta principal, mientras el imputado entró por el aparcamiento, en el coche de su abogado, José Sánchez. La menor, el agresor y el testigo no coincidieron, ya que permanecieron en salas diferentes. El Consejo General del Poder Judicial abrió ayer una investigación para dilucidar si la actuación judicial en este proceso ha sido la correcta.