«Me parece que, como siempre, se está vulnerando lo previsto en el sistema de financiación autonómica y yo diría que en la Constitución, porque lo que no puede ser es consignarse privilegios», afirmó la presidenta madrileña y dirigente del Partido Popular en Onda Cero.

Posteriormente, en rueda de prensa consideró «insólito» que el Gobierno «planifique en sus Presupuestos unas inversiones y, luego, si nos las hacen, se las dé cash al Gobierno autonómico que sea».

«Hay un artículo en la Constitución que dice con toda claridad que de ninguna manera se puede consolidar el desequilibrio entre unas comunidades y otras en una ley, y ésta es una ley, el proyecto de Presupuestos», agregó.

Fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda señalaron que hay que respetar lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y que el acuerdo con ICV supone, básicamente, «incorporar a la Ley de Presupuestos del Estado para 2008 lo acordado el pasado septiembre con la Generalitat de Cataluña».

Para el portavoz parlamentario de ICV, Joan Herrera, el acuerdo supone «incorporar una enmienda que garantiza que aquello que no se ejecute, se transferirá a la Generalitat».

Gracias a este pacto, Herrera se desmarcó de su socio parlamentario, Izquierda Unida, y decidió abstenerse, en vez de votar en contra, en el debate de Presupuestos del pasado miércoles. Para Convergència i Unió, la enmienda de ICV es insuficiente, así que ayer presentó otra «con el fin de que estas dotaciones queden consignadas en los Presupuestos 2008».

La razón es que, «en caso contrario, y de acuerdo con la metodología acordada, Cataluña deberá esperar a la liquidación de los Presupuestos, dentro de dos años, para recibir la cifra compensatoria respecto a las inversiones que le corresponden (esta última situación es la que han acordado en una enmienda los grupos parlamentarios de PSOE y Iniciativa)». Para CiU, la cifra pendiente desde este mismo año asciende a 1.500 millones de euros y la cantidad que no pueda ejecutarse, debe quedar como remanente para liberar peajes de autopistas en los Presupuestos de 2009.

Para Herrera, su acuerdo supone «blindar» la financiación de Cataluña. Según el texto, y pase lo que pase, la inversión del Estado en infraestructuras en Cataluña para 2008 será de «4.365.293,07 millones de euros».

El pacto de septiembre entre el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, y el conseller socialista catalán, Antoni Castells, ya incluía una red de seguridad por el bajo grado de ejecución de proyectos en Cataluña. El temor de Castells era que si no se ejecutaban todos a tiempo, se perdería el dinero pactado. Aquel acuerdo implica destinar a las infraestructuras de Cataluña 30.815 millones de euros hasta 2013. Esta cifra supone más de lo pactado en su momento entre el Gobierno y CiU en el Estatut, según reconoció Solbes el pasado martes. «Lo que se pactó fue lo que se pactó. La interpretación posterior más expansiva del concepto de infraestructuras, que no era un concepto presupuestario y que, en nuestra opinión, no fue lo que se pactó, la hicimos para evitar otro tipo de problemas», afirmó el ministro.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, presentó ayer enmiendas en materia de infraestructuras «como compensación de los agravios entre comunidades autónomas en el crecimiento presupuestado de las inversiones».

También reclamó un nuevo real decreto en el que «el concepto de infraestructura que se establezca sea común a todas las comunidades autónomas». También que «la distribución territorial de las inversiones con cargo a los Presupuestos se realizará con arreglo a las prioridades que anualmente permitan garantizar los principios constitucionales de igualdad y solidaridad entre las comunidades autónomas».

El diputado Andrés Ayala justificó estas enmiendas, porque el cumplimiento de la Constitución, «es incompatible con la proliferación de distintos criterios de reparto impuestos desde una comunidad».