El fundamento del escrito del PP descansa en una reunión celebrada el pasado 12 de junio -de la que ayer dio cuenta este periódico- en la que los tres magistrados se mostraron partidarios de la reforma de la Ley Orgánica del Constitucional que prorroga el mandato de María Emilia Casas como presidenta y sobre la que próximamente tendrá que pronunciarse el Pleno del Tribunal.

La decisión del PP de recusar a los tres magistrados es un error estratégico, político e incluso jurídico que, a la postre, se puede volver en contra de sus intereses como principal partido de la oposición y de la propia sociedad española, intereses que pasan por obtener un fallo justo sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán. Porque, no nos engañemos, la zarabanda montada en torno a las recusaciones es un intento de embarrar el campo de juego para que el TC retrase el mayor tiempo posible la decisión sobre el Estatuto.

Es obvio el interés político del Gobierno, pero no se entiende qué interés puede llevar al PP a responder al Ejecutivo con la misma moneda. Más aún por cuanto estas recusaciones carecen de base sólida. Desde luego, no tienen nada que ver con la recusación que obliga a Pérez Tremps a no intervenir en los recursos de inconstitucionalidad sobre el Estatuto, como consecuencia de haber redactado un informe sobre el texto a cuenta de la Generalitat. Su caso era de libro. En cambio, las probabilidades de que el PP fracase ahora en sus intentos de recusación son muy altas, vista la endeblez de los fundamentos jurídicos.

Tras la decisión del Consejo de Ministros de recusar a García-Calvo y a Rodríguez-Zapata, Rajoy acusó al Gobierno, con toda la razón, de querer convertir el TC en «una gestora del PSOE». Hacer lo mismo que se critica es un contrasentido.