La finca de Son Oms tiene medio millón de metros cuadrados y linda con el aeropuerto de Son Sant Joan y con la autopista que une la costa este de Mallorca con la capital balear. Es el mejor emplazamiento posible para ubicar naves industriales y oficinas. Sus conexiones son inmejorables y su distancia respecto al centro de Palma, de apenas cinco minutos, insuperable.

A principios de la década de los 90, dos de los actuales pesos pesados de la formación política que dirige la presidenta del Parlamento balear, Maria Antònia Munar, acudieron personalmente a visitar uno a uno a los payeses que tenían allí decenas de hectáreas de cultivos. El actual portavoz de UM en la cámara balear y ex consejero de Ordenación del Territorio, Bartolomé Vicens, y el ex presidente del Consell y del Parlamento, Maximiliano Morales, les ofrecían la posibilidad de convertirse en millonarios; de que jubilaran para siempre la azada y se dedicaran a vivir como siempre habían soñado.

Vicens y Morales, que han sido imputados por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, entregaban un contrato tipo a los propietarios. En él, ofrecían la realización de las «gestiones necesarias» para «conseguir el cambio de uso del terreno de rústico a industrial». Ambos estaban ya en UM y el segundo había sido el máximo responsable del Consell, una institución pública que en Mallorca aglutina todas las competencias urbanísticas.

Sin embargo, ninguno ocupaba un cargo público y se podían permitir, según su criterio, encabezar un documento escrito. En el contrato, establecían que si finalmente se producía la ansiada recalificación, el 15% de los solares edificables les serían cedidos «obligatoriamente». Asimismo, se reservaban la potestad de que esta entrega no tuviera a ellos como receptores sino a la «persona física o jurídica» que considerasen oportuna.

Esta oferta la trasladaron a los propietarios de 1990 en adelante, sabedores de que su partido y ellos mismos velarían por el cambio de uso de Son Oms. Y, efectivamente, así fue. En 1998, se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de Palma. Munar, la número uno de UM -un partido que sólo tiene 28.000 votos pero que constituye la bisagra para gobernar la comunidad autónoma-, era entonces la responsable del Consell de Mallorca; la encargada de dar el último visto bueno al documento que rige el urbanismo de Palma.

Comunicó al PP, que entonces gobernaba el Ayuntamiento palmesano, que daría su sí a la normativa pero que, a cambio, quería que Son Oms dejara de ser una zona rústica y se transformara en suelo industrial. O cumplían esta condición o Palma se quedaba sin Plan General.

Los populares, comandados entonces por el alcalde Joan Fageda, se plegaron a los intereses de Munar. El actual presidente de la comunidad autónoma, Francesc Antich, socio en aquel momento de UM en el Consell, tampoco puso pegas.

Un beneficio de 60 millones

La recalificación se materializó formalmente el 2 de febrero de 1999 y los propietarios de los terrenos se convirtieron en millonarios, aunque faltaba por cumplir la segunda parte del acuerdo.

Sólo 23 días después, un conocido abogado mallorquín, Jaime Montis, creó ante notario una sociedad que denominó Gestora Desarrollo Son Oms, S.L. Esta entidad, lejos de desarrollar nada, se limitó a percibir la comisión del 15% pactada con anterioridad por Vicens y Morales -que ya no podían aparecer en los papeles porque ocupaban cargos públicos relevantes- con los propietarios beneficiados por la recalificación.

El 6 de abril, varios propietarios de Son Oms vendieron a la sociedad recién creada por Montis el 15% de sus terrenos a un precio irrisorio, como habían pactado con Vicens y Morales. Por cada metro cuadrado, que ya era edificable, cobraron un máximo de dos euros. Parcelas de 6.000 metros cuadrados cayeron en manos de este letrado por apenas 10.000 euros, con lo que se hizo con el 9% de los terrenos del polígono de Son Oms. En total, 61.000 metros cuadrados valorados en más de 60 millones de euros que salieron casi gratis.

Uno de los propietarios que no accedió a pagar la comisión, Angel Ochando, ha tirado de la manta y ha puesto toda la documentación en manos de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, que acaba de imputar a los dos hombres de confianza de la socia del presidente balear, Francesc Antich. Mientras Munar guarda silencio, Antich se limita a decir que está «preocupado» por las revelaciones.