«Si una persona encuentra a alguien muy borracho y éste le pide que le lleve en coche, es diferente llevarle a un hospital para que se recupere, o a su coche para que lo coja y eche a andar», ejemplificó el titular de Justicia, entrevistado ayer en Telecinco.

Pero, pese a la útil comparación de Bermejo, ésta será la primera vez en la historia democrática que un lehendakari y el máximo líder de un partido político tengan que defenderse ante la Justicia para evitar la cárcel y su posible inhabilitación política. Lo harán además, en una foto insólita, sentados como acusados al lado de cinco miembros de la ilegalizada Batasuna -entre ellos, el encarcelado Arnaldo Otegi- por reunirse con ellos pese a la suspensión judicial de las actividades de su partido.

El juez instructor del llamado caso Ibarretxe, Roberto Saiz, no ha querido postergar por más tiempo su decisión y, sólo una semana después de que la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJPV rechazara los recursos de apelación interpuestos por las defensas de los ocho imputados en el caso, decidió ayer abrir juicio oral contra ellos.

Concede, además, un plazo de tres días a la Fiscalía -hasta ahora siempre ha pedido el sobreseimiento de la causa- para que tome una posición al respecto y decida si presenta cargos contra los imputados o si, por el contrario, va a apoyarlos en el juicio, incluyendo a los miembros de Batasuna.

Considera el magistrado, en su auto, que «existen indicios racionales» que justifican la apertura de un proceso penal de estas características y espera que la Fiscalía «formule escrito de acusación o lo que estime procedente» antes del viernes.

Archivo de la causa

María Angeles Montes, fiscal jefe del TSJPV solicitó formalmente a Saiz el pasado 7 de julio el archivo de la causa. Lo hizo al entender que no existen «requisitos objetivos ni subjetivos del delito de desobediencia imputado» en este caso pero, también, argumentando que si el Ministerio Fiscal no presentaba cargos «no basta» con que lo hicieran las acusaciones populares, en este caso Foro Ermua y Dignidad y Justicia, para que se procediera a la apertura de juicio.

Saiz, sin embargo, no lo ve así. En su auto, el instructor del caso Ibarretxe le recuerda a la Fiscalía que «todos los ciudadanos españoles» pueden ejercer de acusación popular en un proceso y que el Tribunal Supremo falló en mayo de 2003 que el Ministerio Fiscal «no tiene el monopolio de la acción penal».

Para argumentar esta postura, Saiz recuerda a Montes que no es la primera vez que se aplica este criterio en el TSJPV y le remite al proceso que se abrió en abril de 2005, pese al criterio fiscal, contra el entonces presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y otros dos miembros de la Mesa de la Cámara por negarse a disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak cuando fue ilegalizada Batasuna.

Saiz dio así el pistoletazo de salida a un juicio insólito en el que el máximo líder del Ejecutivo autonómico, Juan José Ibarretxe, se enfrenta a peticiones de hasta dos años y nueve meses de prisión y está en juego su posible inhabilitación política. Todo ello, si finalmente se le encuentra culpable, en calidad de «cooperador necesario», de un delito de desobediencia al Tribunal Supremo al haber mantenido, al menos, tres encuentros políticos reconocidos en Ajuria Enea con miembros de un partido ilegal.

También Patxi López y el secretario de organización del PSE-EE, Rodolfo Ares, se enfrentan a peticiones de cárcel por su encuentro público, en julio de 2006, con miembros de la comisión negociadora de Batasuna en San Sebastián.

Para ellos se piden sendas penas de hasta un año de prisión, así como su inhabilitación política mientras dure su condena. En cualquier caso, aunque el tribunal encontrara culpables a López y Ares del mismo delito imputado al lehendakari, los socialistas no llegarían a pisar la cárcel por este caso ya que, si se carece de antecedentes penales, sólo se cumple condena si ésta supera los dos años.

Con el trámite de ayer, Saiz devuelve el caso Ibarretxe a la Sala de lo Penal del TSJPV, la misma que hace una semana rechazó los recursos de todos los imputados y que preside el presidente del Alto Tribunal Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, junto a los magistrados Antonio García y Nekane Bolado.

El instructor concede también a los acusados un plazo de 10 días para presentar formalmente sus escritos de defensa, en los que deberán proponer las pruebas de las que intentarán valerse en el juicio para demostrar su inocencia, si así lo entienden. Si los acusados no aportan estos documentos, el juicio no sufrirá retraso alguno. El tribunal entenderá que se oponen a la acusación y, pese a que pueden incurrir en responsabilidades penales, el procedimiento seguirá su curso previsto.

elmundo.es

La resolución:

Lea el auto íntegro de la apertura de juicio oral contra Ibarretxe y López.

El instructor apela al juicio contra Atutxa para justificar la apertura de juicio oral pese a no existir acusación pública por parte de la Fiscalía.

Argumenta que ninguno de los imputados ha negado las reuniones por las que serán juzgados y que, al contrario, «las han confirmado».

«Existen indicios razonables» de la comisión de un delito de desobediencia, explica Saiz.