El lehendakari Ibarretxe y los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares se sentarán en el banquillo de los acusados por sus reuniones con la ilegalizada Batasuna durante la tregua de ETA. Contra el criterio de la Fiscalía, el juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) abrirá juicio oral contra Ibarretxe y los representantes del PSE, al ver «indicios racionales» de cooperación necesaria del delito de desobediencia que, al seguir desarrollando su actividad política, presuntamente cometieron los abertzales.
En la base de la acusación subyacen la proscripción de Batasuna decretada en aplicación de la Ley de Partidos y el hecho singular, y reprochable desde un punto de vista político, de que fueran representantes del Ejecutivo vasco y del PSE quienes reconocieran como interlocutores legítimos a dirigentes de una formación ilegal.
Aun siendo reprobables, es discutible que las reuniones con Batasuna sean constitutivas de delito. El Gobierno de Vitoria alega que el Tribunal Supremo (TS) archivó una querella contra Zapatero, tras el anuncio del presidente del Gobierno del inicio de contactos con ETA y su autorización al PSE para que se reuniera con Batasuna. El Alto Tribunal consideró que sería «un fraude pretender, mediante un procedimiento penal, corregir la dirección de la política interior que la Constitución encomienda al Gobierno». Ahora las circunstancias parecen distintas. En este caso se trata de reuniones concretas, mientras que el fallo del TS atendía a la posibilidad de reuniones indeterminadas y supeditadas a una política antiterrorista que sólo compete al Gobierno central, y no al lehendakari. En cualquier caso, será el TS el que tenga la última palabra y decida si ambas situaciones son o no equiparables.
Ahora sólo queda respetar la actuación del TSJPV. Además, es loable que frente a Ibarretxe el TSJPV no se haya valido de la doctrina de los estigmas a la que recurrió el TS hace una década para impedir que Felipe González declarara como imputado en uno de los sumarios de los GAL. Llama la atención la feria de dislates a que dio lugar ayer una decisión judicial del todo previsible, si nos atenemos a cómo transcurrió la instrucción y cómo han caído todas las apelaciones y peticiones de sobreseimiento. El Gobierno de Vitoria acusó a los jueces de «haber pasado la raya» y forzó la habitual identificación nacionalista entre el lehendakari y el pueblo vasco para convertir la apertura de juicio oral contra Ibarretxe en un «juicio contra toda la sociedad». ERC cometió la iniquidad de interpretar la decisión del TSJPV como «una invitación para que ETA siga apostando por la violencia». Y el inefable ministro Bermejo no tuvo otra para quitar hierro al asunto que comparar a Batasuna con un «borracho» y al lehendakari con «el conductor que lo lleva al hospital para que no conduzca y deje de beber». Casi como un buen samaritano prestando socorro a alguien a quien se le ha ido la mano con las copas, pero que al día siguiente volverá a estar en perfecto estado de revista. Así es como percibe Bermejo a los proetarras. ¡Y un individuo así es ministro de Justicia!
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