Los 721 folios de sentencia se traducen en dos autores de la masacre, un cooperador necesario, 11 miembros de una organización terrorista, un colaborador, cuatro implicados en el tráfico de explosivos y dos falsificadores. Medido en años de prisión, queda muy lejos de la petición de la fiscal Olga Sánchez: su acusación sumaba 311.959 y se ha quedado en 120.755.

Este es el balance esencial de la sentencia, cuyos puntos principales leyó en vista pública el magistrado Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que, junto a Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás, se hizo cargo del juicio del 11-M. En la jornada de ayer, los magistrados también acordaron el ingreso en prisión de Saed Harrak, que se encontraba en libertad debido a un error del juez Juan del Olmo en el cómputo de la prisión provisional. Por el contrario, acordó que los tres miembros de la trama asturiana que estaban en libertad y han sido condenados sigan en la calle hasta que la sentencia sea firme.

El único de los ocho acusados clave absuelto de todas las acusaciones es Rabei Osman, Mohamed el Egipcio. El tribunal ha considerado que no podía volver a condenarlo por algo por lo que ya cumple condena en Italia. Los otros dos ex cerebros, Belhadj y Haski, deberán cumplir condenas, respectivamente, como miembro y como dirigente de una organización terrorista (Grupo Islámico Combatiente Marroquí).

Los tres principales condenados tienen perfiles muy diferentes. En el caso de Jamal Zougam, la Sala da por buenos los reconocimientos en los trenes, que le convierten en el único condenado por colocar una mochila bomba. También como autor, aunque sin subirse a los trenes, se encuentra Otman Gnaoui, que participó en otras fases esenciales del atentado, como el transporte de los explosivos a Madrid.

Por último, a quien más delitos se atribuyen es al asturiano Emilio Suárez Trashorras. La Sala considera que, cuando vendió el explosivo a El Chino, tenía datos suficientes para imaginar que podía quererlos para un atentado. Por lo tanto, le culpa de todo lo acontecido tanto en los trenes como en Leganés. Los magistrados aplican a Trashorras la atenuante de trastorno de la personalidad, lo que sólo sirve para rebajar en algo su milenaria condena. Como en todos los casos, el límite de cumplimento efectivo está en 40 años.

La sentencia elude cualquier referencia al apartado con el que la Fiscalía abría su escrito de acusación, relativo a Al Qaeda. No hay mención al posible desencadenante de los atentados, que el Ministerio Público fijó en la detención de la célula de Abu Dahdah y en la intervención de España en la Guerra de Irak.

Sí hay una referencia expresa a que los suicidas de Leganés eran «miembros de células o grupos terroristas de tipo yihadista» y de que podrían conformar «un solo grupo reducido de personas cuyas acciones criminales persigan iguales o similares fines u objetivos que otros u otros grupos con los que no exista relación orgánica, táctica o estratégica».

Minutos después de conocer el fallo, la fiscal Olga Sánchez, que ejerció la acusación junto a Carlos Bautista, se declaró «satisfecha» del resultado. En esa misma línea, horas más tarde, la portavoz de la Fiscalía de la Audiencia, Dolores Delgado, señalaba que, en principio, descartaban recurrir ante el Supremo, aunque todo estaba supeditado a un análisis más a fondo de la sentencia.

Al margen de la implicación particular de cada acusado, el desarrollo de los atentados que describe el apartado de hechos probados sí resulta muy ajustado al relato de la Fiscalía dirigida por Javier Zaragoza.

Los magistrados han dado por buenos aspectos que durante la investigación y el juicio oral resultaron especialmente controvertidos. Uno de ellos es la autenticidad de la mochila de Vallecas. Al tribunal no le cabe duda de que fue recogida en la estación de El Pozo. «No existe ruptura de la cadena de custodia. La prueba es auténtica [...] No hay indicio alguno de un deficiente control de los efectos». En este punto, los magistrados hacen una de las escasísimas críticas a las Fuerzas de Seguridad, basadas en el «extravagante periplo» que sufrió la mochila entre El Pozo, varias comisarías e Ifema. «Se trata de un caso de descoordinación y mala transmisión de la información que debe corregirse en el futuro, pero que carece de efectos jurídicos relevantes, siendo comprensible atendidas las extraordinarias circunstancias», dice la Sala.

En el aspecto de los explosivos, los magistrados indican que no se puede determinar la marca comercial de lo que estalló en los trenes -sí de lo hallado en otros escenarios-, pero que numerosos elementos de la investigación permiten sortear holgadamente las dudas que pudiera plantear la pericial. «Todo o gran parte» de la dinamita procedía de Mina Conchita.

En otros puntos, el tribunal no asume con tanta facilidad el relato fiscal. Entre ellos, que todos los terroristas se desplazaran a Alcalá con sus respectivas mochilas apelotonados en la Renault Kangoo y el Skoda Fabia. «El tribunal no asume la tesis de que los artilugios explosivos y los terroristas se desplazaron en este vehículo y en un Skoda modelo Fabia para, desde Alcalá de Henares, colocar en distintos trenes las mortíferas cargas».

Sí considera probado que en la Kangoo viajaron tres personas. Del oportuno Skoda no dice más. Este es el vehículo donde apareció el ADN del suicida Allekema Lamari cuando las Fuerzas de Seguridad seguían sin poder vincularle a la masacre.

También difiere de la Fiscalía al inclinarse por que no todos los terroristas viajaron a Alcalá, sino que subieron a los trenes «en lugares no determinados del trayecto» entre Alcalá y Atocha.

Muchos menos problemas ha presentado la conexión de la trama asturiana con los explosivos de la célula de El Chino. Aquí la Sala ha encontrado el material fundamental en las declaraciones del menor Gabriel Montoya Vidal, que ya fue condenado por estos hechos. La Sala considera su relato coherente y corroborado por muchos otros elementos.

En el encuentro entre los asturianos y los terroristas es donde aparece la figura del confidente Rafá Zouhier. La fiscal le atribuyó todas las muertes del 11-M como elemento «imprescindible» en la compraventa de explosivos, pero la Sala no ha asumido esa tesis, y sólo le condena por el tráfico de explosivos, que también ha servido para condenar a otros tres acusados de la trama asturiana.

La solución asturiana incluye cinco absoluciones, dos de ellas -las de los hermanos Carmen y Antonio Toro- muy llamativas. Sobre él se ha tenido en cuenta que muchos de los indicios en su contra ya fueron empleados en la condena por la operación Pípol. En el caso de ella, su condición de esposa de Trashorras ha jugado a su favor.

Entre los aspectos que Gómez Bermúdez escogió para exponer públicamente se encuentra el relativo a la posible intervención de ETA. «Ninguna de estas pruebas, sometidas a contradicción en el plenario, avala la tesis alternativa de la defensa», explicó el magistrado tras enumerar los informes policiales sobre el asunto incorporados al sumario y las testificales del juicio.

Las referencias a otras tramas aún no descubiertas y que pudieron estar implicadas son escasas. La principal llega en el apartado dedicado al análisis de la prueba practicada en torno al teléfono de la mochila de Vallecas: «Conduce a afirmar que las personas que los adquirieron entre el 3 y el 8 de marzo en Bazar Top S. L., cuya identidad no ha sido suficientemente precisada, formaban parte del grupo terrorista y estuvieron en la finca de Chinchón [donde se montaron las mochilas-bomba]».

El juez instructor ha salido bien parado. No se ha aceptado ninguna de las numerosas causas de nulidad alegadas por las defensas que estaban bajo su responsabilidad. Sobre la principal, el abuso del secreto sumarial, afirman que hubo «una valoración y ponderación continua por parte del juez de la necesidad o no del secreto».

El tribunal también ha rechazado todas las deducciones de testimonio. Argumenta que el posible delito de falso testimonio no se puede detectar hasta que el Tribunal Supremo revise la sentencia, ya que podría considerar errónea la interpretación de la Audiencia Nacional.

La sentencia se cierra con el apartado de indemnizaciones. En esta ocasión, los magistrados han fijado cifras mucho más elevadas de las que la Audiencia Nacional ha venido concediendo en otros atentados.

elmundo.es

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Por encima y por debajo de la sentencia, las víctimas pusieron ayer las emociones en la Audiencia Nacional. Todas se habían llevado desde casa la incertidumbre por las condenas y todas se dividieron después en nervios, lágrimas, iras o satisfacciones a medias. Dependió de cada cual. Las dos mujeres que se abrazan en la foto fueron algunas de las víctimas que el juez Gómez Bermúdez trató de calmar tras la lectura de su sentencia. Les prometió que quedarían satisfechas. Pero quién sabe qué hay al otro lado de estas espaldas con manos.