Este será el aspecto más importante que se derivará del Convenio Multilateral de Seguridad Social, que debería recibir luz verde definitiva en la Cumbre Iberoamericana a celebrar del 8 al 10 de noviembre en Santiago de Chile con la asistencia del Rey y del presidente del Gobierno.

Este Convenio afectará a los 23 países de la comunidad iberoamericana pero muy especialmente tendrá efectos en aquellos que son receptores netos de inmigrantes, como es el caso de España y que son los que harán un mayor esfuerzo de solidaridad.

Este acuerdo superará a los que ya existen de carácter bilateral entre algunas naciones. España mantiene convenios con una decena de estados latinoamericanos pero no todos funcionan con fluidez y, además, no pueden aplicarse a aquellas personas que han trabajado en otros países distintos al de su nacionalidad.

La aprobación del Convenio beneficiará a varios millones de trabajadores migrantes y a sus familias, porque protegerá sus pensiones garantizando que no perderán ningún esfuerzo ni derecho contributivo con independencia de donde lo hayan hecho.

La nueva norma prevé que las cotizaciones a la Seguridad Social que realice una persona en dos o más países de Iberoamérica se sumen cuando solicite la pensión de jubilación, viudedad, orfandad o invalidez. De este modo se tendrán en cuenta todos los periodos cotizados, tanto para determinar la cuantía de la pensión como para cumplir los plazos mínimos de cotización exigidos (en España son 15 años y en Chile, por ejemplo, son 20).

La pensión la hará efectiva el país en el que finalice la vida laboral del trabajador, pero su coste se prorrateará en función de lo cotizado en cada nación en que éste haya trabajado.

Además, en el acuerdo se contempla el llamado principio de portabilidad, según el cual la pensión que genere una persona que haya trabajado en varios países iberoamericanos podrá cobrarla en cualquiera de ellos en el que resida y se hará efectiva en las mismas condiciones que a los propios nacionales del país.

El Convenio, por tanto, promueve una cooperación administrativa muy estrecha entre los distintos sistemas de Seguridad Social. Los expertos reconocen que esta cooperación será el aspecto más difícil a desarrollar. Los detalles de aplicación deben recogerse en un acuerdo administrativo similar a los reglamentos que acompañan a las leyes.

En cualquier caso, una vez que el convenio haya sido ratificado por los países firmantes y entre en vigor, cualquier ciudadano iberoamericano podrá reclamar ante los tribunales su aplicación.

Derechos ciudadanos

Los técnicos de la Oficina Iberoamericana de Seguridad Social consideran que «por primera vez desde 1990, cuando se iniciaron las Cumbres Iberoamericanas, se alcanza un acuerdo que afecta a los derechos de los ciudadanos y protege a los trabajadores con garantías jurídicas».

Políticamente, es un paso importante porque contribuye con medidas muy concretas a generar «un sentimiento de pertenencia a una misma comunidad», de la misma manera que en el ámbito europeo se consiguió este efecto con la adopción del euro como moneda común, la supresión de los pasaportes y la universalidad de la cobertura sanitaria.

Todos los países iberoamericanos han dado su visto bueno a este acuerdo. México y Costa Rica fueron los que plantearon mayores dificultades, dado que el grueso de su inmigración no se dirige a España o a otras naciones iberoamericanas sino a EEUU.