La primera condena dictada en España por el delito de apología del genocidio, también será la última. Es más, será revocada. El Tribunal Constitucional decidió ayer despenalizar un supuesto que se incluyó en el nuevo Código Penal de 1995. El artículo 607.2 prevé penas de hasta dos años de cárcel para quienes, «por cualquier medio» difundan «ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen» el Holocausto. Con esa legislación, un juzgado de Barcelona condenó en 1998 a un librero de esta ciudad que distribuía y comercializaba libros y vídeos pronazis. En contra del criterio de la Fiscalía, la Audiencia de Barcelona planteó cuestión de inconstitucionalidad, al considerar que el referido artículo limita un derecho fundamental, el de la libertad de expresión, ya que castiga la difusión de ideas «sin exigir ningún otro elemento, como injurias o incitar a atacar a grupos».
Estamos, sin duda, ante una decisión acertada del Constitucional que refuerza nuestro sistema de garantías. Porque, por odiosas que nos puedan resultar las ideas que justifican el genocidio, una sociedad libre no puede negar su expresión, a menos que ésta incluya una incitación a la violencia. Lo contrario sería reinstaurar el delito de opinión.
Ya nos pronunciamos en el mismo sentido con ocasión del cierre de Egin, el diario proetarra. Por no hablar de los peligros de establecer recortes a la libertad de expresión: siempre podrán esgrimir otros el precedente. Está aún muy vivo, por ejemplo, el caso de las viñetas sobre Mahoma, que los colectivos islámicos no han dudado en tratar de censurar. ¿Dónde establecer la frontera? Siempre será preferible dar voz a las opiniones más polémicas que ejercer la censura, más aún por cuanto la sociedad tiene a su alcance muchos medios para rebatirlas confrontándolas con la realidad.
Por lo demás, la decisión del Constitucional llega en un momento muy oportuno en el que parecen brotar por doquier las tentaciones de amordazar a aquéllos cuyas expresiones resultan más disonantes con la corrección política de la mayoría.
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