De la Vega se refirió a esta cuestión en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Se le preguntó su parecer por las declaraciones que Aznar había realizado la víspera ratificándose en que los autores de los atentados de Atocha «no están en desiertos remotos ni en montañas lejanas» y la vicepresidenta comenzó argumentando conciliadoramente que la obligación del Ejecutivo es «la de mirar hacia el futuro» y «pasar una de las páginas más negras de la Historia de España».

No obstante, tras advertir que no suele hacer comentarios sobre quienes han sido presidentes de todos los españoles, recordó que Aznar está promocionando su último libro y añadió: «Se puede vender libros y, a la vez, ser más respetuosos con las víctimas y con las familias de ese atentado, se puede y se debe ser más respetuoso con las Fuerzas de Seguridad y con el trabajo de los tribunales de Justicia». Acto seguido, abundó en la misma idea al insistir en que «la venta de libros no puede ni debe ser incompatible con el respeto y la dignidad debida a millones de españoles».

Durante toda su comparecencia, la vicepresidenta tuvo especial interés en reiterar que el Gobierno, tal como señaló Rodríguez Zapatero horas después de la sentencia -«a diferencia de algunos cualificados representantes» del PP que «no pueden o no quieren»-, tiene su mirada puesta en el futuro y no desea entrar en la polémica que enfrenta a populares y socialistas en este asunto; pero también tuvo buen cuidado en no desautorizar el vídeo que, horas antes, el miércoles por la tarde, el partido socialista colgó de su página web, recordando controvertidas declaraciones realizadas por dirigentes del PP tras el atentado.

Al contrario, cuando se le hizo notar que esas imágenes contradecían de manera palmaria la directriz de no mirar atrás dada por el presidente, De la Vega reconoció que el Gobierno no quiere entrar en polémicas «que no son positivas», pero obvió centrarse en la iniciativa socialista y optó por criticar la postura de los populares porque «están teniendo la actitud de no reconocer la sentencia» dictada por los jueces.

Lo cierto es que el Gobierno, aunque trata de mantener esa imagen de distanciamiento de la controversia que están alentando los dos partidos, rehúsa considerar que los populares, con la comparecencia posterior de Juan Costa, pudieran marcar distancias respecto a José María Aznar. De modo que, como consecuencia, el vídeo o cualquier otra declaración polémica de los socialistas serían la respuesta inevitable a la, según ellos, permanente provocación del PP.

Por tanto, no hace suyas las irónicas declaraciones del titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en las que ninguneaba al ex presidente. Da por válidas las afirmaciones de Aznar, confiere a éste la entidad debida y, si no es Mariano Rajoy quien le desautoriza de manera expresa, considera que lo que está haciendo el PSOE es aclarar las cosas.

La vicepresidenta solicitó que quedasen descartadas definitivamente las teorías de la conspiración. «Basta ya de extravagancias», exclamó. Y se refería a las hipótesis sobre la autoría del atentado, sobre su objetivo y sobre la tesis de que los populares pudieron perder el Gobierno porque los terroristas lo perpetraron con este fin. «El único objetivo de los terroristas fueron las víctimas y sus familias y la sociedad española y nada más», dijo, dando así por amortizadas de un plumazo las declaraciones de antaño en las que se vinculaba el atentado con la participación española en la Guerra de Irak. «Hay una sentencia con hechos probados que detalla lo que ocurrió», añadió y, respecto al resultado electoral, insistió en que los «españoles saben qué hacer sin que nada ni nadie les dicte cómo deben hacerlo».

De la Vega aclaró que la actuación de la Fiscalía al recurrir la sentencia contra El Egipcio no tiene nada que ver con la política, sino con el ámbito judicial en el que el Ministerio Público, según defendió, actúa con «absoluta autonomía». E insistió: «La posición del Gobierno es que lo lógico es que miremos hacia adelante».