La decisión valiente de Esperanza Aguirre de rebajar un punto el Impuesto de Patrimonio (del 2,5% al 1,5% en su tipo máximo) como paso previo para suprimirlo en 2010 y la confirmación de que bajará un punto del tramo autonómico de la tarifa del IRPF en la declaración del año que viene, convierte al Gobierno de la Comunidad de Madrid en el primero que se atreve a aplicar una bajada de impuestos en toda regla aprovechando la corresponsabilidad fiscal. La presidenta autonómica ya había eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, algo que, paradójicamente, provocó la queja del conseller de Economía catalán, el socialista Antoni Castells, que llegó a solicitar la intervención del Estado, pese a que su partido impulsó la autonomía fiscal en el nuevo Estatuto. Con su reacción pretendía tratar de evitar una guerra fiscal entre comunidades de la que podría salir perjudicada Cataluña. La apuesta de Aguirre abre ahora ese melón.
Lo cierto es que a la presidenta de Madrid le asisten buenas razones, empezando por que tales iniciativas estaban incluidas en su programa electoral. Además, en el caso concreto del Impuesto de Patrimonio, España es uno de los pocos países de la UE que continúan aplicándolo. Es un impuesto que obliga a tributar dos veces, pues se fija sobre el fruto de unas rentas por las que ya se ha contribuido, y afecta más a las clases medias, ya que las grandes fortunas pueden eludir el pago creando sociedades de gestión patrimonial.
Pero más allá de una decisión de equidad impositiva, lo que pretende Aguirre es hacer de su región un lugar atractivo para los inversores. Para ello no ha dudado en invertir la tendencia que ha sido general en las administraciones autonómicas, caracterizadas por su disposición a gastar: muchas veces para prestar más y mejores servicios, cierto; pero también para aumentar sus redes clientelares. Ahora parece lejano, pero en los años 80 Joaquín Leguina proponía imponer, como presidente de Madrid y de la mano de otros líderes autonómicos, un recargo del 3% en el IRPF, medida que Felipe González echó atrás.
Una vez quedó implantada la corresponsabilidad fiscal, con la transferencia de impuestos a las comunidades, todas se lanzaron, ávidas, a usar esos dineros. Ahora es la primera vez que un gobierno autonómico, más allá de tratar de gestionar los impuestos que le corresponden, opta por bajarlos. Aguirre entiende que no hay mejor fórmula para estimular el crecimiento que liberar recursos para fomentar el consumo de los ciudadanos y las inversiones de los empresarios. Quiere reforzar la imagen de Madrid como «una comunidad business friendly, acogedora con los inversores», para atraer a «los creadores de riqueza, prosperidad y empleo». Tiene el mérito añadido de poner en práctica su filosofía a contracorriente, sabedora de que enfrente tiene un Gobierno central que no le echará una mano y que viene castigándola en el capítulo inversor. Para quien esta política sí resultará muy friendly es para los contribuyentes, que el año que viene, tras la declaración de la renta, tendrán por término medio 80 euros más en su bolsillo.
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