La Delegación del Gobierno de Madrid ya denegó el permiso a los convocantes considerando que, aunque esta marcha se haya realizado tradicionalmente cada fin de semana próximo al 20 de noviembre, el lema elegido este año suponía «una agresión verbal contra un sector de la población» que podía «provocar altercados». Falange recurrió esta decisión ante el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid y, apoyada por la Fiscalía, consiguió que se diera luz verde a su manifestación con una argumentación jurídica bastante ingenua, y es que, aunque la provocativa frase figurase en el encabezamiento de la solicitud, eso no significaba que fuera a ser su lema.

En el fondo, esta discusión sobre un desafortunado eslogan de pancarta es secundaria, pues probablemente en otro clima social y político la marcha se pudiera celebrar sin riesgo de incidentes. El problema es que el tribunal dictó sentencia hace dos semanas, ajeno totalmente a unas circunstancias sobrevenidas como las que representa el asesinato de un menor a manos de un neonazi acontecido este domingo.

El derecho de manifestación, como cualquier otro recogido en la Constitución, debe restringirse con muchísimas cautelas, pero no es absoluto. En esta ocasión, hay una razón fundada para limitarlo y es el riesgo de alteración del orden público, extremadamente alto tras los sucesos violentos del fin de semana. El hecho de que el lema escogido por los falangistas este año sea mucho más beligerante que el de ocasiones anteriores también apunta a su ánimo de echar leña al fuego. El cambio de actitud de éstos, por cierto, es directamente achacable a la infausta Ley de Memoria Histórica del Gobierno que, sin contentar a nadie, ha avivado viejos fuegos donde sólo quedaban cenizas.