En dos durísimos votos particulares, ambos magistrados, a los que el Gobierno quiere apartar del examen de la enmienda Casas, afirman que sus seis compañeros «preconstituyeron una prueba» con la finalidad de «excluir la responsabilidad en que hayan podido incurrir como recusados tres de ellos» (afirma García-Calvo) y «contrarrestar o impedir la práctica de otra prueba pedida por una parte», dice Rodríguez-Zapata en referencia a la solicitud del PP de que la presidenta del TC, María Emilia Casas, declare como testigo sobre la reunión que se produjo en su despacho el 12 de junio pasado.

Esa reunión fue convocada por Casas y Guillermo Jiménez a cuatro días de que terminaran sus mandatos como presidenta y vicepresidente. Dos semanas antes, había entrado en vigor una reforma legal que prorrogó -de forma automática y sin intervención alguna del Pleno del TC- a Casas y Jiménez en esos cargos hasta que cesen como magistrados.

La ampliación del mandato de Casas como presidenta es fruto de una enmienda introducida de forma sorpresiva por el Gobierno en la reforma de la ley que regula el funcionamiento del TC. Con esa enmienda, el Ejecutivo se garantizaba que Casas, propuesta por el PSOE, siguiera controlando la agenda del Tribunal y el tiempo de las deliberaciones, en particular, la relativa al Estatuto de Cataluña. La enmienda Casas fue una de las reacciones del Gobierno ante la estimación de la recusación de Pablo Pérez Tremps en el proceso sobre el Estatut, que, según el temor de La Moncloa, estaría en manos del sector conservador del Tribunal por seis votos contra cinco.

En este contexto se produce la convocatoria del 12 de junio, a la que asistieron, además de Casas y Jiménez, los magistrados Pascual Sala, Manuel Aragón, Pablo Pérez Tremps (los tres que se encuentran recusados por el PP) y Ramón Rodríguez Arribas.

Los seis asistentes al cónclave firmaron el 29 de octubre -tres días después de la recusación del PP- un escrito en el que no desvelan lo que hablaron el 12 de junio, pero aseguran que no anticiparon su acuerdo con la enmienda Casas, desmintiendo, así, el motivo en el que los populares basan la recusación de Sala, Aragón y Tremps.

Uno de los firmantes, Ramón Rodríguez Arribas, precisó anteayer en un escrito individual que el contenido del documento colectivo «responde a la verdad, [pero] no es toda la verdad». Según él, el 12 de junio «no se habló de la constitucionalidad» de la reforma, pero sí de la prórroga de la presidenta.

Rodríguez Arribas sostiene que él le pidió a Casas y Jiménez que dimitieran para que fuera el Pleno el que les ratificara en sus cargos, lo que los demás rechazaron porque podría ser entendido como «insumisión» a la reforma legal y porque consideraron que el Pleno habría tenido sentido antes de la enmienda Casas, pero no después.

Rodríguez Arribas también precisa que él se opuso a que el TC difundiera una «declaración institucional» sobre la permanencia de Casas como presidenta, de lo que se infiere que alguien en esa reunión (el escrito no aclara quién) propuso esa iniciativa.

García-Calvo califica el escrito de sus seis compañeros de «extemporánea y prematura maniobra» con la que esos magistrados «han procedido prematuramente a propiciar la exculpación» de Salas, Aragón y Tremps.

Roberto García-Calvo sostiene que la unión de ese escrito a las actuaciones supone una «irregularidad de tal magnitud procesal que no es admisible», ya que la recusación del PP ni siquiera está admitida a trámite. «Dejo constancia de mi más enérgica protesta ante un quehacer corporativo carente de todo sustento procesal, por la finalidad perseguida con el mismo, así como por su incorporación a la causa en este momento procedimental, lo que me lleva a solicitar formalmente su desglose y devolución a quienes firmaron el documento cuestionado».

En la misma línea, Rodríguez-Zapata afirma que ese escrito, «elaborado, entre otros, por tres recusados, ha sido admitido por el Pleno sin que todavía esté abierta la pieza de recusación referida a tales magistrados», por lo que «no puede ser incorporado al proceso, ni ser tomado en consideración, ni producir efecto alguno, puesto que cuando se presentó estaba en suspenso el proceso en su conjunto -suspensión que se produce por disposición automática de la ley- y que al día de hoy debiera seguir estando en suspenso para cualquier otra pretensión o incidencia que no sea la de resolver las recusaciones formuladas por el Gobierno» contra el propio Rodríguez-Zapata y contra García-Calvo.