Después pidió nuevo precio a través de un estudio de arquitectos de los que el juez Torres investiga en estos días. Eran 48.000 euros. Accedió a pagar, pero el caso no prosperó porque la última funcionaria que debía tramitar el expediente se negó y le devolvieron 30.000. Se les quedaron los otros 18.000 entre las uñas.

La última oferta, con papeles de por medio, a través de una empresa y con incluso firma y apariencia legal, era pagar 200.000 euros y olvidarse del tema. Pero llega tarde. José Manuel Ramos tiene incluso el papel en el que le piden esa cantidad por «tramitar» su licencia, pero ya sólo quiere vender el local y olvidar el rosario de extorsiones públicas de siete años.

Poco podía imaginar Ava Gardner que aquel local en que comió pollo frito en los años 50 iba a protagonizar semejante periplo ilegal. Porque aquí, en Plaza de los Carros, 3, Casa Aroca compitió durante décadas con Casa Lucio por alimentar a la clientela de mayor postín de la zona. Pero su estrella declinó y el edificio fue demolido y vuelto a erigir en 1998. «Entonces pujaron por él el propio Lucio y también Pedro Trapote [el gran empresario de la noche madrileña, dueño de Joy Eslava], pero me lo llevé yo». Cree que ahí está la raíz de sus problemas.

«Las cosas no van así»

Ramos es diseñador. Ha trabajado para Yllana como escenógrafo y tiene participaciones en una pequeña constructora. En 2000 le otorgan licencia de obra para reformar un local de 800 metros cuadrados. «Pero luego, a mitad de los trabajos, me la quitan. Pregunto por qué, intento hacerles entrar en razón y me dicen: 'Es que aquí la cosas no van así'». El meollo de la negativa está, dice, en Industria del distrito de Centro.

El subterfugio que han utilizado para quitarle la licencia es separar los permisos de obra y de funcionamiento, algo ilegal «porque van unidos por ley», asegura. Invitado a ello, Ramos procede a untar a dos intermediarios de una gestoría conchabados con los funcionarios corruptos.

Ese dinero (12.000 euros) Ramos lo pierde, y no sucede nada. No le dan licencia. «Entonces me di cuenta de que no podía darle el dinero a cualquiera, tenía que apuntar bien, no a cualquier mindundi». Detiene la obra de reforma de la discoteca, que quiere convertir en café espectáculo, una suerte de teatro de 800 metros cuadrados. Acude a un alto funcionario de la época, que le desvía a otro para que pida precio. «Nos lo tuvimos que llevar de putas para que nos dijera cuánto».

Eran 120.000 euros. Ramos intenta jugar sus cartas y paga sólo la mitad «en concepto de señal». Pero la casualidad le impide lograr su objetivo. Es mayo de 2003, Alberto Ruiz-Gallardón llega a la alcaldía, «toda la gente que iba a trincar cambia de destino y me doy cuenta de que lo pagado no me va a servir de nada». Así que pide la devolución, como quien va a Zara a cambiar un jersey. Le devuelven 48.000 euros y se quedan 12.000 en concepto de gastos. Se han vuelto a quedar dinero en las uñas.

La siguiente jugada, en torno a 2004, la articula Ramos a través de uno de los estudios de arquitectos investigados por el juez Santiago Torres ahora, tres años después. Alguien le dice que vaya allí, y allí va. Pero ya prevé que las cosas no van a ser fáciles. Consigue que le den una licencia de restaurante para la planta de arriba, apenas 100 metros cuadrados, pero la Policía Municipal le hostiga «día tras día» con cualquier pretexto y le cierra a la mínima. A veces presenta quejas de vecinos que hipotéticamente han protestado por el ruido. «Otras veces no presentan queja alguna, sólo vienen».

Ramos recibe precio del estudio de arquitectura para untar a los ocho arquitectos que tienen que elaborar el informe. Son 6.000 euros por arquitecto, cuatro de ellos ligados al gabinete de Medio Ambiente. El informe es afirmativo, pero después «alguien en Asuntos Generales» se toma la molestia de impedir que el asunto salga adelante: «Cogió el expediente y lo colocó el último del montón».

Desesperado aunque evidentemente dispuesto a pagar para sacar su local adelante, Ramos comienza a recibir en el restaurante la visita de gente que le asegura que «por 300.000 euros y un 30% del negocio te arreglo el problema». Dice: «Pero yo ya sólo quería quitarme el local de encima, sabía que quienes lo ambicionaban no iban a dejarme abrir de ninguna de las maneras».

Aún así, hace un último intento, «ya a muy alto nivel, con una empresa muy cercana a gente potente del Ayuntamiento». Es la primera vez en que Ramos pide constatación documental de que va a pagar lo que va a pagar. El documento, que muestra al periodista, tiene absoluta apariencia de legalidad. Sólo una cosa chirría: el precio.

Se trata de un contrato que suscribe con una gestoría por el que dicha firma «tramitará ante el Ayuntamiento la consecución de una licencia de funcionamiento» para el local. Consta nombre y firma de la contraparte. La cifra es de aproximadamente 200.000 euros. Eso cuesta entregar un sencillo informe en la oficina municipal correspondiente.

Pero Ramos dice ya estar en otras. Consigue un par de compradores, pero en cuanto se acercan al Ayuntamiento para saber cómo van los trámites «huyen despavoridos». Tras semejante periplo extorsionador, ¿por qué no ha ido a los tribunales en ningún momento? «Porque jamás tuve huevos para ponerme un micrófono y grabarles, y hasta ahora nunca tuve un documento con la cantidad que me pedían», dice.

Ahora, sólo quiere vender y olvidar. Termina: «Pensé que lo podía conseguir, pero... En fin, me han jodido la vida».

Uno de los escollos fundamentales a salvar por José Manuel Ramos en su pelea para poder abrir su local es que en 2002, tres años después de comprarlo, en las obras de reforma se descubrió que parte de la muralla mozárabe de Madrid pasa exactamente por ahí. «Lo que no es problema para conseguir licencias, porque hay otros cuatro o cinco locales en la zona que tienen la misma particularidad, y se les han otorgado licencias», asegura Ramos. El empresario dice que también a la hora de restaurar la muralla: «Nos instaron a contratar la conservación de lo hallado con una empresa vinculada al Ayuntamiento que nos pedía 60.000 euros. Nos negamos y pedimos precio a otras firmas. Al final lo contratamos por 4.000 euros. Nos estaban metiendo un sobreprecio de 56.000».

Cuando consiguió la licencia para que la parte de arriba funcionara como restaurante, dice Ramos que la Policía Municipal comenzó a atosigarle «con cualquier subterfugio. Recibimos más de 30 visitas en mes y medio en verano de 2004. En una de ellas, como no tenían nada que pudieran echarnos en cara, el agente apuntó que nos habíamos dejado el toldo echado más tiempo del permitido [Ramos aporta el documento]. Nuestro local nunca ha tenido toldo».