-«¿Y a éste cuánto le vamos a cobrar?», le preguntaba un funcionario a su compañero.

-«Deberíamos hacerle pagar 6.000 euros», le contestaba.

-«Yo creo que, por lo que hemos hecho, con 3.000 sería suficiente».

-«Vale».

-«De acuerdo».

Estas conversaciones demuestran el nivel de organización de la trama que investiga la Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid y cómo cobraban cantidades de forma arbitraria, sin ajustarse a nada establecido. Los agentes están perplejos por la facilidad que tenían los empresarios y funcionarios en hablar de comisiones por teléfono. Las intervenciones, ordenadas por el magistrado que dirige el caso, van a ser clave para la actuación judicial. Los implicados cobraban el dinero en efectivo mediante intermediarios que trabajaban en despachos de abogados, delineantes y aparejadores.

Se calcula que los funcionarios han conseguido unos beneficios superiores a los cinco millones de euros con el cobro de las comisiones ilegales. Durante los registros se han incautado los agentes de 122.000 euros en metálico. Además, se ha comprobado que varios de los imputados poseen un patrimonio que no se correspondía con sus emolumentos. Tres de los procesados cuentan con chalés fuera de la capital y apartamentos en la costa alicantina.

Los agentes también han comenzado a interrogar a varios de los empresarios que han pagado a la trama a cambio de que se tramitarán las licencias de sus bares y pubs. Todos aquellos que entregaron dinero a los empleados públicos están acusados de un delito de cohecho.

La Guardia Civil también requirió ayer a un grupo de funcionarios auxiliares para que acudieran a declarar en sus dependencias. Entre estos se encuentra un técnico de la Junta de Tetuán que, por el momento, ha sido solamente imputado.

Por otra parte, ayer Mariano García Bachiller, funcionario de la Junta de Chamberí, acudió al juzgado en su condición de testigo, y no como imputado, como se dijo en otros medios. Bachiller lleva en la junta 39 años y está considerado como un empleado ejemplar y eficaz.

Nuevos interrogatorios

La Guardia Civil interrogará a lo largo de los próximos días a nuevos implicados. Estas mismas fuentes confirmaron que el magistrado investiga por el momento a 37 personas, entre ellas a los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, abogados y profesionales que están acusados de un delito de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

De momento seis personas están en prisión: Victoriano Ceballos Fernández, Joaquín Fernández de Castro, Santiago Castillo Morales, Antonio Sanz Escribano, Carmen Eulalia Ibáñez Martínez y Carmelo García.