MADRID. - El Gobierno intentará la próxima semana pactar con las televisiones un código de conducta para evitar que la violencia de género y el maltrato machista se conviertan en un espectáculo, para arropar con el mayor número de apoyos a las mujeres víctimas de este tipo de agresiones y para concienciar a la ciudadanía de que la lucha contra este problema es responsabilidad de todos.
La decisión del Ejecutivo, anunciada coincidiendo con la celebración, mañana, del día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, ha sido tomada a los pocos días de que una mujer fuera asesinada por su pareja, después de que ambos acudieran a un programa de Antena 3 -El diario de Patricia- en el que él le expresó a ella ante las cámaras su deseo de reconciliarse y ella se negó.
La iniciativa gubernamental está auspiciada por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, quien ayer anunció, tras la reunión del Consejo de Ministros, su intención de mantener la próxima semana reuniones con las asociaciones de mujeres, las unidades de lucha contra la violencia de género de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y con la Unión de Televisiones Comerciales (Uteca).
De la Vega recalcó la preocupación del Gobierno por los datos que sigue arrojando la violencia machista. «El fenómeno persiste y las cifras no son buenas. Hay que dedicar a este asunto más recursos, más horas de trabajo y más medidas. El Gobierno está decidido a ello porque no nos conformamos», afirmó.
La vicepresidenta se refirió a las muertes ocurridas esta misma semana y que se han debido, «en algún caso, a circunstancias que nunca debían haberse producido».
Para el Gobierno, la lucha contra la violencia de género «no puede ser un espectáculo, ni siquiera», añadió De la Vega, «un contenido informativo más». En su opinión, resulta imprescindible buscar nuevas fórmulas que permitan «aislar a los maltratadores y arropar a las víctimas». «No es un problema de la ley -señaló-, aunque sea necesario sacar de la misma una mayor rentabilidad».
La número dos del Gobierno no anticipó qué medidas planteará en su reunión con las televisiones comerciales. Todo apunta, sin embargo, a que la fórmula que se pondrá sobre la mesa será similar a la ya acordada en diciembre de 2004 para proteger a la infancia y que, en definitiva, se basa en un compromiso de autorregulación por parte de los medios. La diferencia es que, esta vez, el Ejecutivo no convoca a las cadenas de titularidad pública, La 1 y La 2.
De la Vega insistió en que, «antes de hacer nada», quiere «escuchar» a las televisiones y «llegar a un acuerdo». También añadió que todas «están en la mejor disposición para colaborar». «El Gobierno va a pedir un esfuerzo a todo el mundo».
Sin embargo, las palabras de la vicepresidenta tuvieron una acogida desigual entre las televisiones. La más crítica fue Telecinco: «Nosotros siempre hemos prestado mucha atención a este tema sin necesidad de que nadie lo pida. La llamada del Gobierno no cambia nada», afirmó un portavoz de la cadena. No obstante, se mostraron dispuestos a asistir a la reunión y a elaborar un código de autorregulación para este tipo de contenidos que no venga impuesto desde fuera del sector: «Si es autorregulación, es buena».
Antena 3, la principal aludida, ya que emite El diario de Patricia, se limitó a confirmar que asistirá al encuentro y no quiso entrar en más consideraciones.
Por su parte, un portavoz de La Sexta afirmó que lo sucedido «deja en evidencia que el sistema actual no basta para evitar estos casos. Hay que reflexionar y colaborar. La iniciativa del Gobierno es muy importante. En el caso de la regulación de los contenidos en horario infantil fue el Gobierno quien dio el primer paso y fue positivo», añadió.
Por su parte, Cuatro mostró su intención de acudir también a la cita «con la mejor disposición».
El Consejo también estudió un informe sobre el programa de empleo para víctimas de violencia. El objetivo es procurar la inserción laboral de las víctimas de la violencia machista. En el mismo se contempla un aumento de la bonificación de 850 a 1.200 euros anuales que reciben las empresas que contraten a estas personas. Para beneficiarse del programa, las mujeres deberán acreditar su situación a través de la orden de protección, del informe del Ministerio Fiscal, o a través de medida cautelar de prisión provisional o alejamiento. Todos los trámites se realizarán en condiciones de confidencialidad.
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Vea la campaña lanzada ayer por la Federación de Mujeres Progresistas