La característica fundamental que ha definido la legislatura que se encuentra a punto de concluir ha sido, sin duda, la ruptura unilateral por parte del Gobierno y del Partido Socialista del consenso que los españoles habíamos conseguido labrar desde la Transición. Hace treinta años, los españoles de todas las ideologías logramos acordar -no sin dificultades- un marco de convivencia que significaba la superación de los conflictos que nos habían dividido en nuestra Historia reciente. Un marco de convivencia con el que cerramos las heridas del pasado, sin vencedores ni vencidos, y por el que acordamos no volver a enfrentarnos por nuestra Historia, recordándola sólo para no volver a caer en los errores cometidos. Un marco de convivencia que armonizaba la unidad de España con las legítimas aspiraciones de autogobierno de las nacionalidades y regiones, y que hacía posible la alternancia de las diversas opciones políticas, que podrían desarrollar sus legítimos proyectos sin cuestionar los fundamentos del orden político que entre todos habíamos construido.
Ese acuerdo de convivencia, materializado en la Constitución española de 1978, puso las bases de una forma de hacer política presidida por el consenso entre los principales partidos en las políticas de Estado. Desde 1978, la política antiterrorista, la política exterior o la configuración territorial de España han constituido espacios de acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas de ámbito nacional, en los que -aun cuando hayan podido existir discrepancias- las decisiones fundamentales se han adoptado siempre en común. Lo atestigua una larga tradición de pactos de Estado, que abarca desde los Pactos Autónomicos de 1981 entre la Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista, hasta el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo firmado en la anterior legislatura.
Todo ese caudal de consenso ha sido dilapidado por el Partido Socialista. Se apartó del consenso en la política territorial imponiendo un Estatuto de Autonomía de Cataluña que, a juicio de muchos -no sólo del Partido Popular-, vulnera los principios constitucionales; se apartó del consenso en la política antiterrorista al romper el Pacto con las Libertades y por el Terrorismo; y se ha apartado, finalmente, del consenso que fue la base de todos los demás, con una Ley de Memoria Histórica con la que se genera de nuevo división entre los españoles.
El Partido Popular ha tenido que oponerse a todos esos errores. Se nos ha acusado a veces de asumir posiciones radicales. Pero habría que preguntarse: ¿quién es radical, quien rompe pactos escritos y públicos o quien reclama su respeto? Porque nosotros no hemos hecho otra cosa, a lo largo de esta legislatura, que reclamar al Partido Socialista el respeto de los consensos forjados en el pasado y a los que hasta ahora había sido fiel.
No hemos sido nosotros los que hemos propiciado la división en la política terrorista, sino el Partido Socialista, que forzó que se votase en el Congreso una resolución que apoyaba el diálogo con ETA, incumpliendo el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Ni hemos sido nosotros los que hemos roto el consenso acerca del modelo de Estado, sino el Partido Socialista, que optó desde el principio por pactar con formaciones políticas radicales y soberanistas en lugar de entenderse con aquélla que representa a la mitad de los españoles. Y realizó esa opción a sabiendas de las consecuencias que tendría, y por eso ahora hace todo lo posible para que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña no se conozca antes de las elecciones.
Pienso que esta legislatura demuestra que el camino escogido por el Gobierno no es el adecuado. Por ello, en las últimas semanas Mariano Rajoy ha venido insistiendo acertadamente en la necesidad de construir un nuevo consenso que fortalezca los cimientos de nuestro modelo de convivencia. Un nuevo consenso que permita recuperar los espacios de acuerdo entre los dos principales partidos que han hecho posible el progreso de España desde 1977, en políticas de Estado tan importantes como la lucha antiterrorista, la configuración territorial de España y la política exterior. Un nuevo consenso que permita, a la vez, abrir el camino hacia una reforma constitucional que hoy resulta necesaria -o al menos altamente conveniente- para fortalecer los principios constitucionales, e impedir que puedan prevalecer los propósitos de quienes quieren subvertir o alterar la Constitución de 1978; y que -entre otros aspectos- fije un núcleo básico de competencias indisponibles del Estado, para poner coto a la subasta indefinida e indiscriminada de competencias, y establezca mayorías reforzadas para la aprobación de las leyes que afecten a los elementos esenciales de nuestra organización política, como los Estatutos de Autonomía.
Estoy convencido de que esta oferta a la sociedad española de un nuevo consenso ha de ser hoy uno de los ejes centrales de una propuesta centrista capaz de ilusionar a una amplia mayoría de los ciudadanos. Porque los ciudadanos desean ese consenso, y han visto con preocupación la ruptura de los espacios de acuerdo entre las dos principales formaciones políticas. Y porque la moderación, y la disposición al diálogo y el consenso, son señas de identidad del centro político.
Por ello, estoy convencido también de que la construcción de ese nuevo consenso es posible, si el Partido Popular gana las elecciones. El Partido Popular es el heredero legítimo de los protagonistas de la Transición, y en él hemos desembocado la mayoría de los miembros de aquella gran formación política de centro, la Unión de Centro Democrático, que ahora todos elogian y que pilotó el consenso en la Transición. Por ello, la historia de nuestro partido es una historia de pactos y acuerdos.
Pero nuestra oferta debe ir más lejos aún. Ha de extenderse también al compromiso por mejorar la calidad de la democracia española. Para ello, es necesario llevar a cabo de una vez la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, con el fin de fortalecer sus funciones de control al Gobierno y hacer de él el centro del debate político, de forma decidida, y sin incurrir en las excusas que se utilizan cuando se accede a las responsabilidades de Gobierno. Es necesario, asimismo, establecer las medidas precisas para garantizar la profesionalidad y la independencia de los organismos económicos reguladores, como la CNMV o la Comisión Nacional de la Energía, para fortalecer la credibilidad de nuestro marco económico y otorgar seguridad jurídica a los inversores. Es necesario fortalecer la independencia del Consejo General del Poder Judicial y del fiscal general del Estado, con propuestas ambiciosas que liberen a estos órganos del clientelismo político al que consciente o inconscientemente les estamos empujando. Y es necesario impulsar un marco legislativo que garantice el más absoluto pluralismo de los medios de comunicación, de modo de que dejen de estar condicionados por las decisiones de las Administraciones Públicas.
El restablecimiento del consenso acerca de los fundamentos de nuestro modelo de convivencia permitirá, por lo demás, dedicarse con intensidad a los objetivos que han sido descuidados en esta legislatura: a mejorar el bienestar de los españoles, fortalecer la competitividad de nuestra economía y prepararnos para afrontar los retos del futuro. En este campo el Partido Popular ha comenzado también a perfilar los detalles de una oferta programática centrada y ambiciosa. Una propuesta que contempla una amplia reducción de impuestos, como ya hicimos en dos ocasiones entre 1996 y 2004, porque bajar los impuestos estimula el crecimiento económico y genera empleo, y porque reducir los impuestos -eximiendo del Impuesto sobre la Renta a los ciudadanos que perciben menos de 16.000 euros anuales- facilitará a los españoles hacer frente a la subida de precios y a las incertidumbres de la economía. Una propuesta avalada, por lo demás, por la fiabilidad y la solvencia de las políticas económicas que el Partido Popular aplicó entre 1996 y 2004, que se revelaron como las más eficaces para garantizar el crecimiento y el empleo, y que fueron capaces de realizar políticas sociales vanguardistas e imaginativas en las que sin duda tenemos que insistir.
Pienso que el Partido Popular está en condiciones de ofrecer a los españoles una alternativa a la gestión del actual Gobierno socialista capaz de ilusionarles y de obtener su respaldo mayoritario. Ha llegado el momento de concretarla. Hasta ahora hemos hecho lo que tocaba, ejerciendo el control del Gobierno, denunciando sus errores y defendiendo la libertad. ¿Qué otra cosa podríamos haber hecho? ¿Qué se nos habría dicho si hubiésemos abdicado de esa responsabilidad? ¿Seríamos ahora una alternativa real? Pero ahora es el tiempo de plantear a los españoles una propuesta centrada, reformista y con visión de futuro, como hicimos en 1996, que les permita confiar en que es posible hacer mejor las cosas. Y en esa dirección estamos trabajando.
La reciente encuesta del CIS demuestra que podemos ganar las elecciones. Si en estos cuatro años hemos hecho un esfuerzo tremendamente importante, al que ya me he referido, ahora no es menos importante recabar la ilusión de los españoles con un programa electoral sólido y atractivo, avalado además por nuestra experiencia y credibilidad en el ejercicio de las responsabilidades de Gobierno.
Eduardo Zaplana es portavoz del Grupo Popular en el Congreso.
