Al menos, eso reflejan los datos aportados por el Ministerio del Interior al Congreso de los Diputados. Según estos datos, hasta septiembre, la Guardia Civil tenía constancia de dos cartas enviadas por ETA a empresarios vascos o navarros exigiéndoles el impuesto revolucionario, y la Policía Nacional, de otra.

Las cifras oficiales de Interior llegan al Congreso cuando se multiplican de nuevo las denuncias de los empresarios de que el envío de cartas de ETA se ha multiplicado. recientemente.

Ayer mismo, el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), José Manuel Ayesa, anunció que, tras varias semanas sin tener constancia de cartas de extorsión a empresarios navarros, conoció la existencia de una nueva misiva en la Comunidad foral. «Es más de lo mismo», expuso.

Ayesa explicó que desde hacía tres o cuatro semanas no tenían constancia de que empresarios navarros hubieran recibido cartas de extorsión. «Esta situación se rompió ayer [por el lunes] porque conocimos una nueva carta», expuso, y agregó que este caso fue denunciado en el ámbito judicial.

Según dijo, la extorsión está presente en la vida de los empresarios de la Comunidad foral; «y esto no cesará hasta que la banda terrorista tome la decisión de disolverse o sea derrotada desde el ámbito policial».

Durante el periodo de tregua último, las denuncias de los empresarios vascos y navarros ha sido constante. La presión sobre este grupo social no ha cejado en ningún momento. Sin embargo, los datos aportados por Interior al Congreso no reflejan esta presión.

ETA decretó una tregua el 24 de marzo de 2006 y se prolongó hasta el 6 de junio de 2007.

Según las cifras remitidas a las Cortes por el Gobierno, en 2005, sólo detectó cartas de extorsión a empresarios la Guardia Civil, y sólo cifra oficialmente una. Durante 2006, el Ministerio del Interior tuvo constancia de 13 cartas (11 detectadas por la Policía Nacional y otras dos, por la Guardia Civil).

Sin embargo, es al año siguiente del fin de la tregua cuando el Gobierno tiene menos constancia de presión etarra al empresariado vasco y navarro. Así, las denuncias constatadas se reducen a tres hasta el pasado mes de septiembre.

Es curioso, según las cifras remitidas por Interior al Parlamento, que desde la llegada del PSOE al Gobierno el número de denuncias constatadas de extorsionados ha disminuido sensiblemente. Así, en 2003, la Guardia Civil detectó 144 cartas de extorsión más otras ocho por parte de la Policía Nacional. El año siguiente, la Policía no constató ninguna y la Policía Nacional, 25.

En su escrito a las Cortes, Interior aclara que da cuenta de peticiones de impuesto revolucionario «que resultan fehacientes por estar incorporadas a procedimientos judiciales procedentes de denuncias o incautaciones en operaciones policiales».

Según explicaron a este periódico fuentes policiales, el hecho de que haya disminuido la constatación policial del pago del impuesto revolucionario no se puede interpretar como que la organización terrorista haya disminuido la presión sobre el empresariado. Hay expertos que sostienen que se debe a que los empresarios consideran que, en la actualidad, tiene poco efecto la denuncia ante a Justicia o ante las Fuerzas de Seguridad. Otros, apuntan que estas situaciones se producen menos porque la presión etarra está haciendo mella en los empresarios y éstos están volviendo a pagar sin presentar resistencia.

No obstante, es la primera hipótesis la que tiene más peso entre estos expertos, que los extorsionados no confían demasiado en que prosperen sus denuncias.

Las fuentes consultadas por este periódico no descartan que, incluso, la organización terrorista trate de aumentar la presión sobre el empresariado para que los extorsionados no dejen de atender sus peticiones.

Las estimaciones apuntadas por los especialistas policiales estiman en algo más de 1.300.000 euros el gasto del complejo etarra al año.

Insisten en que la organización asesina se mueve «bajo costes» sin dispendios y entregando una mínima asignación mensual a sus etarras para que se muevan tanto en España como en Francia, según apuntaron los expertos a este periódico.