Si Esperanza Aguirre fuera nacionalista impulsaría hoy un nuevo estatuto de autonomía para forzar la modificación del actual sistema de financiación del Estado. La razón: agravio comparativo con el resto de España. Madrid no sólo es el pulmón clave de la solidaridad interterritorial en España, sino que se distancia cada vez más de Cataluña, que es la segunda comunidad que más aporta. Cada madrileño aporta un 118% más que cada catalán, pese a que es sólo un 10% más rico.
Un madrileño entrega 3.247 a la caja común del Estado, frente a los 1.489 de un catalán, según los últimos datos disponibles, correspondientes al quinquenio 2001-2005, ofrecidos ayer en el informe Las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con la Administración Pública Central. El texto, de 624 páginas, cubre la evolución de los últimos 15 años y, con una detallada explicación metodológica, desmonta la teoría del agravio expuesta por el nacionalismo catalán contra el centralismo de Madrid.
El Parlamento catalán lleva años reclamando al Gobierno la publicación de las llamadas balanzas fiscales -lo que cada autonomía aporta y recibe del Estado- y las que se conocieron ayer se vuelven en su contra.
Sólo hay actualmente cuatro autonomías contribuyentes netas a la solidaridad: Madrid, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana. Pero, de ellas, Madrid aporta más que las otras tres juntas. Y eso que su renta per cápita es de 26.746 euros, un 10% más que la de Cataluña.
Además, Cataluña reivindica -con razón, según el informe- que mantiene un déficit fiscal con España de 9.786 millones de euros en el último quinquenio. Pero el de Madrid es de 18.305 millones y superó la cota de 20.000 en el año 2005. La solidaridad de esta Comunidad con el Estado no ha dejado de crecer, especialmente desde 1996.
También es llamativo que cada balear haga un esfuerzo similar al de cada catalán, pese a que su grado de queja ante el Estado es muy inferior. La Comunidad Valenciana es la cuarta que más aporta, pese a ser sólo la novena más rica.
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, se ha negado hasta ahora a publicar este tipo de datos por considerar que no reflejan nada al ser muy difícil territorializar los ingresos y los gastos. Sí se han atrevido los profesores Ezequiel Uriel y Ramón Barberán, autores del informe, que señalaron ayer que «la solidaridad está retrocediendo ligeramente en los últimos años», y eso que su trabajo no recoge los efectos de los nuevos estatutos de autonomía, especialmente el de Cataluña.
Uriel y Barberán se presentaron como profesionales independientes y eludieron hacer comentarios políticos. No obstante, otro catedrático de la Universidad de Valencia, Francisco Pérez, que se encargó de presentar el informe, destacó «la escasa base objetiva de parte de los sentimientos de agravio más aireados por algunos grupos y ciertas regiones, que consideran excesivas sus contribuciones o insuficientes los saldos que reciben, en ocasiones sin demasiada razón dadas las posiciones de otros».
También alertó sobre la «situación de algunas comunidades autónomas, que oscurecen el patrón general y suscitan descontento», en alusión al País Vasco y Navarra.
Como conclusión, señaló que los datos reflejan «la existencia de importantes flujos de solidaridad interterritorial en España que, globalmente, se producen en la dirección adecuada: de regiones ricas a pobres». Por tanto, en su opinión -corroborada por los autores-, no deberían producirse grandes cambios en el sistema para mantener la solidaridad, salvo en los regímenes forales [ver información adjunta].
Uriel señaló también que deberían equipararse las cantidades que gasta el Estado en las comunidades para que exista un mismo nivel de prestación de servicios. Este no defendió el argumento de que las comunidades menos prósperas precisen más gasto que otras para su desarrollo, y sostuvo que «no es razonable que haya disparidad en las cifras». Por ejemplo, en los últimos 15 años los gastos per cápita en Asturias alcanzan los 7.574 euros, mientras que se quedan en 5.524 en Madrid o 5.660 en Cataluña. Este tipo de diferencias son las que han llevado a la Generalitat a denunciar que existen más ordenadores por aula en Extremadura que en Cataluña.
Uriel y Barberán calificaron a Asturias y Extremadura de «economías asistidas», puesto que el gasto público representa más del 50% de su PIB regional. En cifras absolutas, Andalucía es la que cuenta con una balanza fiscal más favorable al alcanzar los 10.237 millones de euros, seguida de Galicia (3.849 millones) y Castilla y León (3.535 millones).
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