La inflación anual estimada en el IPCA (Indice de Precios de Consumo Armonizado) para el mes de noviembre se sitúa en el 4,1%, el peor dato de este mes desde el año 2000, cuando la inflación también alcanzó el 4,1%. Para encontrar una cifra peor hay que retrotraerse hasta 1993, cuando los precios subían al 4,4%. De hecho, en los últimos 24 años -hasta donde llegan las series oficiales-, el IPC ha alcanzado el 4% solamente en cuatro ejercicios. Además del ya citado 4,1% de 2000, en 1995 (4,4%), en 1994 (4,4%) y en 1993 (4,7%).
El dato, facilitado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tiene una importancia añadida, ya que determinará el coste que supondrá al Estado la revalorización de las pensiones.
El dato adelantado confirma, en cualquier caso, las previsiones alcistas sobre el comportamiento de los precios hasta final de año -y más allá, según reconoció ayer el propio Gobierno-, pero, en esta ocasión, adquiere un significado especial ya que noviembre es el mes utilizado, por ejemplo, para cuantificar cuál será el coste definitivo de la revalorización que soportarán las pensiones.
Los compromisos suscritos en el marco del Pacto de Toledo garantizan la revalorización de las prestación respecto al incremento real de precios. Y lo hacen en un doble sentido. Por un lado, en el mes de enero los pensionistas recibirán una paga con la cuantía de la desviación entre la previsión de inflación (2%) y el índice alcanzado en noviembre (el 4,1% este año si, a mediados de diciembre, se confirma, como sucede siempre con ligerísimas variaciones, el IPCA).
Esa desviación de más de dos puntos, que fuentes sindicales calificaron de «otros tiempos», supondrá a las arcas del Estado un coste de más de 3.000 millones de euros. Una parte de esa cantidad se librará en enero con el pago de la extra a los pensionistas y, el resto, el próximo ejercicio presupuestario para cubrir el gasto que supone la consolidación de ese aumento en la base de cada pensión.
A esta cifra hay que añadir otros 300 millones que, aproximadamente, y según datos de la propia Administración, supondrá la revalorización de las pensiones que afectan a las clases pasivas (funcionarios).
Pero la desviación de los precios no sólo afecta a las arcas del Estado, también lo hace a los balances de las empresas, por lo menos, a aquellas que tengan suscritos convenios con cláusula de revisión salarial. En este caso, las cuentas se hacen con la inflación del mes de diciembre y, por los augurios que ayer mismo expresó el propio vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, a final de año el diferencial podría ser, incluso, superior al 2,1% conocido ayer.
Fuentes de la patronal estimaron que una inflación por encima del 4,1% a final de año podría representar más de 2.700 millones de euros para las empresas. Más cautas se mostraron las fuentes sindicales consultadas por este diario que apuntaron la dificultad de realizar una estimación, ya que estas cláusulas no tienen el mismo alcance en todos los convenios ni se aplican de la misma manera.
Según los interlocutores de este diario en CCOO y UGT, hasta el pasado mes de septiembre la subida salarial media recogida en los 3.624 convenios colectivos firmados se situó en el 2,88% y afectó a más de siete millones de trabajadores de 918.483 empresas. Del conjunto de convenios firmados, un total de 1.412 contemplaban cláusulas de revisión salarial. El número de trabajadores afectados por este tipo de convenios alcanzó los 4,7 millones y las empresas afectadas eran 571.334.
Lo cierto es que el incremento de los precios de los alimentos y del petróleo en los últimos meses ha supuesto, que en sólo tres meses, la inflación haya pasado del 2,2% registrado en agosto hasta la previsión del 4,1% para noviembre difundida ayer por el INE pasando por el 2,7% del mes de septiembre y el 3,6% registrado en octubre. Esto es, que los precios han crecido casi dos puntos en el último trimestre.
El impacto de los precios, tal y como vienen pronosticando los analistas, influirá, además de en las arcas del estado y en las de las empresas, en el consumo de las familias, que viene registrando comportamientos a la baja desde hace meses y que lo seguirá haciendo si el incremento de precios, tal y como está previsto, se sigue manteniendo durante el próximo año.
En cualquier caso, distintos portavoces del Gobierno vienen rebajando el impacto de este repunte de la inflación desde hace meses, un repunte que, incluso, puede suponer un mayor equilibrio en la composición del crecimiento de la economía española.
Estas consideraciones no son compartidas ni por los agentes sociales (patronal y sindicatos), ni por los distintos grupos de la oposición parlamentaria.
