Las palabras con las que ayer se refirió a este proyecto el portavoz parlamentario de los socialistas vascos, José Antonio Pastor, son muy distintas. Así, rechazó que se trate de un banco público cuyo contenido y funciones vayan a exceder las competencias que la Administración vasca tiene atribuidas en el Estatuto de Guernica, y defendió que es una figura que ya existe en otras comunidades autónomas del Estado.

En este sentido, destacó que la creación de un banco de carácter autonómico es «imposible» en el momento actual. «Un banco necesita depósitos y los depósitos están en el Banco Central Europeo, y no pueden retornar», insistió. Por contra, un Instituto de Finanzas es un organismo que «está recogido en el Estatuto». Por ello, abundó Pastor, «no tengo motivos para pensar que pretendan hacer un banco público».

Tras firmar formalmente el pacto presupuestario con la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, Pastor trató de eliminar las sospechas generadas por el cambio de actitud de su partido, y negó que se trate de un pago al PNV por sus votos en contra de la moción de reprobación de la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, debatida en el Congreso el pasado martes, como publicó ayer el diario El Correo. «No existe la menor sombra de vinculación de nuestra postura con la ministra», aseguró sin necesidad de que nadie le preguntara para negar las informaciones que apuntaban a un pacto expreso en este sentido.

El portavoz del PSE argumentó que su partido «nunca» se ha opuesto al «fondo» de un proyecto del que hasta el momento sólo ha criticado la «forma» elegida por el tripartito para su creación, es decir, a través de una disposición adicional al Presupuesto. Aunque acto seguido tuvo que admitir que finalmente será así y que, pese a todo, su partido avalará las cuentas, apuntó que lo hará tras haber introducido determinadas modificaciones en el texto de la citada disposición.

Así, según la nueva redacción, el Gobierno vasco se compromete «a hacer partícipe» al Grupo Parlamentario Socialista de «las decisiones a adoptar» en relación con la puesta en marcha del Instituto y a «recabar su opinión» sobre las líneas básicas del desarrollo reglamentario para la concreción del organismo «con anterioridad a su aprobación».

Por lo que se refiere a la tramitación parlamentaria de la iniciativa como proyecto de ley, que hasta hace unos días era condición inexcusable para aprobar los Presupuestos, se ha quedado en un mero compromiso del Ejecutivo de «dar cuenta» a la Cámara del reglamento que pondrá en marcha el Instituto. El texto ni siquiera concreta el trámite que deberá seguir en el Parlamento la citada normativa, sino que apunta a que se hará a través de «los mecanismos parlamentarios que resulten más oportunos».

Con ambas previsiones el PSE se ha dado por satisfecho y espera de esta forma ser copartícipe del proceso de creación del nuevo ente financiero. En cualquier caso, Pastor aseguró ayer que el acuerdo alcanzado para mantener el proyecto en el Presupuesto «no condiciona» ni compromete la postura final del partido al respecto, que «sólo» respaldará la puesta en marcha definitiva del Instituto si «responde al título competencial que el Gobierno vasco tiene atribuido en el Estatuto», aseveró.

Impulso al tripartito

Por parte del Gobierno vasco, la satisfacción era ayer palpable. Así, la vicelehendakari se congratuló de que el Gobierno vasco vaya a contar el próximo año con un acuerdo que «da empuje e impulso» a sus políticas, y ello sin haber renunciado al que, en primera instancia, era el principal escollo para el acuerdo.

Al igual que Pastor, Idoia Zenarruzabeitia insistió en que el ente previsto «no es un banco público», sino «un Instituto de Finanzas al modo de lo que existe en otras comunidades autónomas», cuyo objeto es «optimizar los propios recursos del Gobierno en diversas materias para afrontar los nuevos tiempos en los que los instrumentos de los mercados financieros se han optimizado».

Junto a las cautelas en torno a la entidad, el PSE resaltó las propuestas que ha introducido en el Presupuesto y que suman 67 millones de euros, apenas un 0,6% de la previsión de gasto del Gobierno de Ibarretxe, que asciende a 9.939 millones de euros. Del total, sólo 40,1 millones se invertirán a lo largo de 2008, en tanto que los 26,9 millones de euros restantes son créditos de compromiso para el trienio 2009-2011.

Entre las partidas propuestas destaca una de un millón de euros para realizar un Jardín de la Memoria, en San Sebastián, en recuerdo de las víctimas del terrorismo. Por contra, los socialistas no han logrado suprimir de las cuentas la dotación para sufragar los viajes de los familiares de presos, que ascenderá a 218.000 euros.

«Es una trampa como las que hacía Aznar cuando colaba temas de envergadura en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos».

«La iniciativa debe ser presentada como proyecto de ley, tiene la suficiente enjundia como para ser debatida en el Parlamento vasco».

«Este tipo de partidas metidas de rondón y por la puerta de atrás no facilitan el acercamiento ni propician un escenario de negociación positiva. Así el acuerdo será difícil».

«No parece de recibo que tengamos un proyecto de ley encima de la mesa sobre un Instituto Vasco de Consumo y no haya un proyecto de ley sobre el Instituto de Finanzas».

«Es un contrasentido: se pretende crear el Instituto sin presupuesto ni memoria económica».