El Gobierno afronta una incierta recta final de legislatura en el plano de la economía, cuyos principales indicadores son cada día que pasa más negativos. La inflación interanual repuntó en noviembre cinco décimas hasta situarse en un inquietante 4,1%. Hace justamente siete años que el IPC no alcanzaba esa cifra de noviembre a noviembre. Y hay que tener en cuenta que, hace sólo tres meses, en septiembre, esa inflación era del 2,7%.
La inflación interanual en noviembre es la base sobre la que se actualizan las pensiones y los convenios con cláusulas de revisión. Dado que el IPC previsto por el Banco Central Europeo para este año ascendía al 2%, lo que procede es compensar ahora por esta desviación a pensionistas y trabajadores.
Según los propios cálculos del Gobierno, los pensionistas tendrán que recibir en enero unos 3.000 millones de euros, mientras que la revisión salarial costará al sector empresarial 2.700 millones de euros, cifras a las que hay que añadir otros 400 millones para las clases pasivas. Todo ello suma 6.100 millones de euros.
Aun así, hay un porcentaje considerable de trabajadores de las empresas privadas que no tienen cláusulas de revisión en sus convenios. Ellos van a ser los grandes perjudicados por este rebrote de los precios que ha mermado su poder adquisitivo.
El propio ministro de Economía, Pedro Solbes, reconoció ayer que la inflación seguirá en niveles «relativamente altos» en los próximos meses, con una cifra que no bajará del 4%.
Solbes es, al menos, sincero porque con la fuerte subida de los precios internacionales de las materias primas y el barril de crudo por encima de 90 dólares es virtualmente imposible reducir la inflación.
El Gobierno ha conseguido aplazar el alza de tarifas de la energía eléctrica y del sector del transporte, pero parece inevitable un considerable incremento a comienzos del año que viene.
Todo ello va a tener un considerable impacto sobre la competitividad de la economía española, que año a año se deteriora al aumentar los precios de los productos por encima de las previsiones de inflación. España es ya el país de la OCDE con un mayor déficit comercial en relación a su PIB, por encima incluso de EEUU.
Es cierto que el consumo privado y la inversión siguen tirando de la actividad económica, pero también lo es que la contracción del crédito y la caída de la demanda en el sector inmobiliario acabarán pasando factura.
La coyuntura económica no cambia en unas pocas semanas, pero todo indica que nos encaminamos a una etapa de menor crecimiento económico y un posible rebrote del paro, lo que haría necesarios importantes ajustes que Rajoy reclamaba ayer. No es ésa la estrategia de un Zapatero que va a intentar ganar tiempo para que la crisis, si se produce, no se perciba antes de las próximas elecciones.
