El atentado de ETA ensombreció ayer un acto que en todo caso, por la complejidad de su contenido, como dijo Rajoy, no estaba destinado a abrir los telediarios, pero que llevó implícito una carga política sin precedentes.
Y es que nunca antes de ayer el presidente del PP había apostado tan fuerte al exponer la propuesta de reforma constitucional con la que se presentará a las elecciones. Una propuesta «limitada», según sus palabras, pero lo bastante audaz como para cambiar de arriba a abajo el Poder Judicial -en aras de su «independencia»- y, aún más, dar por prácticamente cerrado el proceso de descentralización autonómica.
El líder del PP se comprometió con la creación de unos controles de rango constitucional que no sólo condicionarían en el futuro la reforma de los Estatutos sino que, sobre todo, impediría a cualquiera de los partidos nacionales -PP y PSOE- formar Gobiernos en minoría firmando pactos de investidura con apoyo de los nacionalistas, a cambio de promesas de transferencias.
Así se desprende de una de las reformas planteadas ayer, la que suprimiría la palabra «transferir» del artículo 150.2, que en su actual redacción habilita al Estado a «transferir o delegar en las comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación».
Blindar el Estado
La apuesta del PP, además, no se limita a reducir a mera «delegación de facultades» las antiguas transferencias de competencias y recursos que tanto juego político han dado a la gobernabilidad del PP y del PSOE en estos 30 años. Además, la propuesta incluye la aprobación de una «Ley de Delegación» que requeriría la mayoría de dos tercios en el Congreso de los Diputados. Eso significa que ninguna comunidad autónoma podría aspirar a nuevos traspasos sin el consenso de los dos grandes partidos.
Y ello, sólo en lo que se refiere a las competencias de titularidad estatal que no sean intransferibles. Porque, antes, Rajoy propuso también dejar fuera de este paquete de materias delegables, las que la Carta Magna sólo describe como «exclusivas» del Estado: la política exterior, la defensa y la seguridad.
Por otra parte, y para reforzar el blindaje del Estado, Rajoy prometió ayer otra reforma de la Carta Magna: la de concretar su «competencia legislativa», con leyes de bases sobre todo el territorio español, para «acometer reformas» y preservar la igualdad de todos los españoles en cuestiones de trascendencia nacional, como la inmigración, la lengua, el urbanismo, la vivienda, la unidad de mercado, las prestaciones sanitarias y sociales, la coordinación de la lucha contra las catástrofes naturales y la propia ordenación territorial.
«Lo que garantiza que todos los españoles son iguales es el Estado español», proclamó Rajoy ante los cuadros de su partido y un grupo de catedráticos y expertos invitados a la Conferencia que han colaborado en el debate.
«Es vital que el Estado no se desmantele porque no tiene sustituto», añadió el líder popular. Y aún insistió: «La alternativa es un Estado inútil, un palo seco, un icono decorativo (...) Quien debilita al Estado, debilita nuestros derechos».
Blindar al Estado para «garantizar la estabilidad del Estado de las Autonomías»: ésa es la filosofía de una reforma que Rajoy justificó ayer en la experiencia de estos cuatro años de legislatura de Zapatero al que acusó de haber sacado partido de los defectos y carencias de la Constitución. «Si la Constitución se lo permite y sus socios le apoyan, ¿por qué no transferir las competencias del Estado que tanta ilusión les hace? ¿Quién va a protestar? ¿El PP? Esos, ya se sabe que siempre protestan», ironizó, ante la sonrisa de su público.
Así, lo que ha hecho hasta ahora Zapatero, en palabras de Rajoy, es una «labor de zapa» para, «a la chita callando, dejar seco el Estado que nació en 1978», y cambiar la España de las Autonomías de manera que «un día los españoles se despierten una mañana en una España confederal».
El consenso del 78 sobrevivió a todos los Gobiernos de la Democracia -Suárez, Calvo Sotelo, González, Aznar- hasta que «ha sido barrido por el talante», según dejó sentado Rajoy en su eslogan más eficaz.De ahí que su objetivo ahora, no el más importante sino casi el único, es recuperar el consenso entre los españoles, y en particular entre los dos grandes partidos, para salvar y «garantizar» la España de las autonomías a partir de la próxima legislatura.
«El consenso es imprescindible, y esto es casi lo único que he venido a decir aquí». Bautizado por él mismo semanas atrás en Valencia como un «nuevo consenso», el proyecto reformista de Rajoy cayó ayer fuera de Ifema como el desideratum de un líder de la oposición demasiado confiado en dos futuribles: que Zapatero pierda y que el viejo PSOE sobreviva a su derrota. De puertas adentro se recibió como el anuncio más serio, trabajado y abierto a la sociedad de un candidato al que en abril, todos reconocerán como un hombre de Estado.
LOS 10 ARTICULOS A MODIFICAR DE LA CARTA MAGNA
1. Competencias intransferibles. Declarar las competencias «exclusivas» del Estado -política exterior, defensa y seguridad- «irrenunciables» e «intransferibles» (149.1)
2. Legislación estatal. Precisar la competencia legislativa del Estado en ordenación territorial, urbanismo e inmigración (149.2)
3. No más transferencias. Reducir las cesiones de competencias y recursos del Estado a las autonomías a «delegaciones de facultades» (150.2)
4. Estatutos. Concretar el contenido de los Estatutos de autonomía y su reforma (147)
5. Gobierno local. Constitucionalizar un nuevo Estatuto de Gobierno Local como tercer pilar de la Administración territorial del Estado (137, 140)
6. Unidad judicial. Dar rango constitucional al recurso de casación ante el Tribunal Supremo como instrumento de unidad (123)
7. Mayorías. Elevar a dos tercios la mayoría en los parlamentos regionales y en las Cortes para modificar los Estatutos de Autonomía (81)
8. Organos constitucionales. Reforzar la mayoría a tres quintos para aprobar las leyes que regulan en TC y el CGPJ (122 y 165)
9. Magistrados del TC. Aumentar a 30 años la experiencia para ser magistrado del TC y extender su mandato hasta su jubilación (159)
10. Amparo en el TS y elección en el CGPJ. Con o sin reforma constitucional, recurso de amparo ante el Supremo y que los jueces voten a sus vocales
