La presencia de los Reyes, los Príncipes de Asturias y el Gobierno casi en pleno en el funeral de Estado por el guardia civil Raúl Centeno, asesinado por ETA en Francia, hubiera sido impensable hace unos años e indica hasta qué punto los atentados conmocionan cada día más a una sociedad que ya no está dispuesta a tolerar esta barbarie. El joven fue despedido por los representantes de mayor rango institucional del país y está bien que así sea como reconocimiento a quien ha dado su vida por defender España. Del mismo modo que es positiva la unidad de los demócratas y acertado el lema de la concentración del martes: «Por la libertad, por la derrota de ETA».
Ahora bien, para derrotar a la banda es necesario actuar y, parafraseando la consigna, el Gobierno tiene plena «libertad» para llevar a cabo una política antiterrorista u otra. En su mano está hacer uso de todos los instrumentos del Estado. Instrumentos que pueden ser jurídicos, como instar a la ilegalización de ANV. El ministro de Justicia, Fernández Bermejo, declara hoy a este periódico que en cuanto el Gobierno posea todas las pruebas contra ANV no tardará ni un minuto en instar a su ilegalización. Sin embargo, ese minuto transcurrió hace unos cuantos meses. La sociedad no puede admitir ya el engaño que supuso la ilegalización de la mitad de las candidaturas y la aceptación del resto. Hay suficientes pruebas para actuar contra ANV y si el Gobierno no lo hace es porque no quiere. También el Ejecutivo tiene en su mano instrumentos políticos, como la anulación de la resolución del Congreso que permitía la negociación con ETA. Ya no tiene ningún sentido.
Y, sobre todo, para derrotar a ETA el Gobierno dispone de medios operativos que han de ser utilizados con eficacia. Uno de estos instrumentos es, sin duda, la colaboración hispano-francesa, plasmada en acuerdos de cooperación que permiten a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles perseguir a los etarras en suelo francés. El aspecto más llamativo del atentado contra los dos guardias civiles es el hecho de que no llevaran armas, por lo que no pudieron defenderse cuando fueron tiroteados. La familia de Fernando Trapero, el agente que permanece en estado de muerte cerebral en un hospital de Bayona, lo denunció ayer desde el sentido común del ciudadano ajeno a las grandes cuestiones políticas. «Ya es hora de que alguien tome decisiones para no mandar a chavales sin armas a enfrentarse con etarras», dijo su cuñado.
Aunque el ministro del Interior asegura que los guardias civiles «iban como siempre», las autoridades francesas sí permiten que porten armas en determinadas operaciones y cuando lo pidan. El atentado ha puesto en evidencia que incluso en tareas de vigilancia los agentes españoles corren un serio riesgo. No es momento de reproches, pero creemos que se dan las circunstancias para que el Gobierno español pida al francés autorización para que los policías y guardias civiles que actúan en el sur de Francia puedan llevar sus armas reglamentarias, aunque sólo tengan permiso para utilizarlas en situaciones límite.
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