Sarkozy aseguró que «los enemigos de la democracia española son enemigos de Francia» y que los etarras que han buscado cobijo en su país sufrirán «penas muy severas».

Es cierto que la cooperación con Francia en la lucha antiterrorista ha ido mejorando a lo largo de los años, pero hay que subrayar que nunca un Gobierno francés había tenido una disposición tan favorable como el actual. Ello es, en buena medida, responsabilidad de Sarkozy y hay que agradecerselo.

El presidente francés y el jefe del Gobierno español coincidieron también en que todavía se pueden desarrollar «nuevos instrumentos» para mejorar la eficacia policial, aunque eludieron dar detalles. Entre esas medidas, figura, sin duda, una mayor integración de los equipos policiales de los dos países, que tendrán una coordinación «permanente» para combatir con mayor eficacia a los terroristas.

Otra de las cosas que el Gobierno francés podría hacer es permitir a los policías españoles llevar armas en su territorio. Es posible que si los dos agentes asesinados en Capbreton, Raúl Centeno y Fernando Trapero, hubieran llevado sus pistolas. habrían podido salvar la vida o, por lo menos, defenderse.

Si la actitud francesa es importante, también lo es la necesidad de revisar los procedimientos judiciales para evitar que se repitan casos como los de Asier Bengoa, uno de los asesinos de Capbreton, y de Gorka Lupiáñez, miembro del comando Vizcaya, que quedaron en libertad por discutibles actuaciones de la Audiencia Nacional.

Asier Bengoa fue puesto en libertad al agotarse el plazo de prisión preventiva tras tres años y medio en la cárcel. Su caso es un ejemplo de la lentitud de la Justicia, que demoró su enjuiciamiento al tener que incorporar al sumario a otro etarra detenido en Francia. Estos retrasos son habituales en casos de gran complejidad, donde se investiga a más de una decena de personas y donde suele haber comisiones rogatorias que se demoran. La solución ya la han propuesto algunos jueces: segmentación de los procesos en diversas piezas que simplificarían la instrucción y la vista oral.

Lupiáñez, en cambio, fue absuelto porque se realizó un análisis de ADN sin orden judicial. Posteriormente, el Supremo ha cambiado la doctrina y entiende que no es necesaria la orden si la muestra se ha recogido sin forzar al imputado.

Tras el endurecimiento de las penas de terrorismo en 2002, habría que revisar algunos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para achicar espacios a la impunidad de ETA, cuyos abogados conocen al dedillo los resquicios de la normativa.

La intensificación de la cooperación con Francia y esta revisión de los procedimientos judiciales serían dos elementos importantes para acorralar todavía más a una banda que debe perder toda esperanza de obtener un precio político por su barbarie.