Los investigadores de la trama abortista de Barcelona analizan la cobertura aparentemente legal que se daba a las interrupciones de embarazo irregulares y en los exámenes psicológicos a las mujeres. La Guardia Civil ha dado con numerosos informes falseados por dos psiquiatras que colaboraban con las clínicas de Carlos Morín -Ginemedex-TCB- y que los firmaban una vez a la semana sin haber visitado a la paciente.
Los tests a los que supuestamente eran sometidos las mujeres eran rubricados por los psiquiatras, incluso antes de ser rellenados y, en algunas ocasiones, la firma de la paciente también pudo ser falseada. Por ello, la magistrada que investiga el caso ha encargado estudios grafológicos para constatar las falsificaciones.
La segunda fase de la operación policial contra las clínicas del cirujano peruano Carlos Morín -ingresado en prisión junto a su esposa y una enfermera- y que dirige la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona -que tiene decretado el secreto de las actuaciones- se pondrá en marcha en escasos días y se centrará en las personas que posibilitaron la falsificación de estos exámenes psicológicos sin los que la ley no permite interrumpir el embarazo.
Lo que certifican estos informes es la existencia de un riesgo para la salud mental de la paciente, con lo que justifica la interrupción del embarazo.
Fuentes de la investigación señalaron que uno de los psiquiatras implicados trabaja para el Departamento de Justicia de la Generalitat en el Centro Penitenciario de Can Brians, situado en Sant Esteve Sesrovires. Los implicados en estas supuestas falsificaciones deberán aclarar su relación con las clínicas en los próximos días. «Se presentarán ante la Justicia de forma voluntaria o de otro modo», añadieron las mismas fuentes.
Una de las mujeres que acudió en los últimos meses a interrumpir su embarazo a una de las cuatro clínicas investigadas relató a EL MUNDO que lo único que le dijeron respecto a los exámenes psicológicos es que no se preocupara y que firmara los papeles que le entregaron antes de la intervención. «Casi no los miré», aseguró esta mujer, que reclamó conservar su anonimato. De hecho, los investigadores son conscientes de que «la urgencia con la que acuden estas mujeres a estas clínicas y las ganas de acabar con un episodio que puede ser traumático eran factores con los que los médicos contaban para falsificar la documentación», señalaron fuentes policiales.
La juez del caso encargó hace días que se llevaran a cabo análisis grafológicos de estos informes después de que varias de las mujeres que ya han sido interrogadas por la Guardia Civil acompañadas de abogado y en calidad de imputadas hayan negado que la rubrica que consta en la documentación sea la suya.
Durante los últimos días han declarado decenas de pacientes, cuya identidad se lleva en el mayor anonimato hasta el punto de que sus nombres han sido sustituidos por unos códigos internos.
Estas supuestas irregularidades que han sido descubiertas tras el análisis de la documentación confiscada en las clínicas durante las entradas y registros llevadas a cabo el pasado 26 de noviembre no fueron por la Generalitat durante las inspecciones que sometió a las clínicas del doctor Morín tras la emisión de un reportaje de una televisión danesa en octubre de 2006. El día de los registros fueron detenidas seis personas, incluido Morín, acusadas de delitos de aborto, asociación ilícita, intrusismo y falsedad documental. Tres de ellas están en libertad con fianza y las otros están ingresadas en prisión provisional.
Los anestesistas empleados en las clínicas abortistas también deberán justificar ante la Justicia su forma de trabajar.
Las investigaciones de la Guardia Civil han puesto de manifiesto que el dueño de las clínicas contaba con una red de contactos en hospitales públicos que le enviaban a mujeres embarazadas que habían decidido abortar.
No obstante, la mayor parte de las mujeres que acudían a estos centros situados en la parte alta de la capital catalana procedía del extrajero, sobre todo de Francia, Italia y Holanda.
LA NORMATIVA
La Ley 9/1985 contempla tres casos en los que no es punible el aborto:
Cuando sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen.
Que el embarazo sea consecuencia de una violación siempre que se practique dentro de las 12 primeras semanas.
Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas y el aborto se practique antes de las 22 primeras semanas.
