La nueva historia de Bolivia empezó a escribirse ayer, cuando la presidenta de la Asamblea Constituyente, la campesina quechua Silvia Lazarte, dio por concluida la maratoniana sesión de 16 horas ininterrumpidas que ratificó, uno por uno, los 411 artículos de la nueva Carta Magna impulsada por Evo Morales. Sin dormir, a golpe de cafés y el tradicional acullico (masticado de hojas de coca para mantenerse despierto) 146 asambleístas del oficialismo, sus aliados de izquierda y algunos representantes de la oposición (del total de 255 miembros) aprobaron a contrarreloj el nuevo texto, sin la presencia del principal partido opositor, el derechista Podemos.
Algunos miembros de este partido interrumpieron los debates al grito de «¡Libertad!» y declararon «ilegal» el cónclave, antes de salir de un portazo.
«Nos ha costado superar el embate de una derecha racista y fascista, que en una mano levantaba la voz de la democracia y en la otra el bate; que llamó 'india de mierda' e 'india cochina' a la presidenta de la Asamblea» dijo, como colofón de las sesiones, el primer vicepresidente del cónclave, Roberto Aguilar, del Movimiento al Socialismo, mientras varias asambleístas indígenas aimaras y quechuas lloraban al escucharle.
«Se ha creado un Estado plurinacional para reconocer el valor de nuestros pueblos indígenas, sus instituciones y su cultura. Lo único que ellos quieren es incorporarse al Estado, que se reconozcan sus derechos», anunció, antes de abrazar a Lazarte y levantar con ella los brazos, en signo de victoria.
A partir de ahí, mientras una banda de música interpretaba Viva mi patria, Bolivia, el llanto y la emoción fueron generalizados. Los asambleístas hacían catarsis de la enorme tensión vivida, para obedecer la consigna de Evo Morales: trabajar sin respiro -de las 19 horas del sábado a las 11 horas del domingo- hasta hacer oficial el texto ya aprobado en primera instancia, tras los enfrentamientos en la ciudad de Sucre -sede original de la Asamblea- saldados con tres muertos y más de 130 heridos, en la batalla que enfrentó a opositores con la policía.
A toda costa, se intentaba evitar lo mismo. Por eso, el cónclave se trasladó -tras cambiar el código sobre el lugar de sesiones mediante un decreto en el Congreso- a la Universidad Técnica de la ciudad de Oruro, capital de la provincia donde nació Evo Morales, zona de mayoría aimara y quechua.
En el recinto, custodiado por unos 1.000 mineros, campesinos y gremios de comerciantes afines a Morales, los artículos se leyeron uno a uno y de corrido, mientras el líder del opositor partido de centro, Unidad Nacional, el empresario Doria Medina, protestaba por no conocer las modificaciones introducidas, a última hora, por el oficialismo. Aun así, después de una réplica máxima de 20 minutos concedida a cada formación política, se aprobó todo por dos tercios de los miembros presentes o por mayoría absoluta.
La Comisión de Concordancia y Estilo debe recoger la veintena de objeciones interpuestas por los asistentes, aunque Medina «duda» de que se contemplen. El empresario fue el único no oficialista que presentó lo que llamó «batalla democrática desde adentro, porque ésta no debe darse con la violencia en las calles». Y contestó, uno a uno, los puntos de conflicto.
En la Constitución se crean las autonomías indígenas, con el mismo rango que las también nuevas autonomías departamentales (nuestras provincias), las autonomías regionales y provinciales (nuestras alcaldías), lo que puede generar graves conflictos en cuestión de competencias. Está además el espinoso asunto de la propiedad de la tierra, el único artículo que pasará a consulta popular antes de incorporarse a la Carta Magna. Se prohíbe el latifundio (asunto ya incluido en la anterior Constitución pero nunca cumplido) y la «doble titulación» -especulación-. Se considera latifundio «la tenencia improductiva de la tierra; o la trabajada deficientemente»; y en la que exista aún «servidumbre o esclavitud» en la relación entre el patrón y el trabajador; y la que sobrepase la superficie de 10.000 hectáreas. En el debate se pide que sean 5.000 y se cuestiona todo el artículo, clave para la oposición derechista, relacionada con grandes hacendados y propietarios.
Otro punto en conflicto es la propiedad privada. Si bien se garantiza, en las zonas urbanas los propietarios de terrenos no edificados, en zonas que marque la ley, verán expropiadas sus parcelas para construir viviendas destinadas a personas de bajos recursos. La elección de los jueces se hará por mayoría absoluta del voto universal y se consolida la fuerte intervención del Estado en la economía. YPFB, la empresa petrolera estatal, siempre tendrá el 51% de las acciones en cualquier asociación comercial sobre la explotación y comercialización del gas.
El futuro Congreso se llamará Asamblea Legislativa Plurinacional, y tendrá, al contrario de lo que se esperaba, dos cámaras. Pero la oposición denuncia que con el sistema de voto se eliminarán las representaciones minoritarias. Bolivia no será un estado confesional católico y reconoce las 36 naciones indígenas, con sus propios sistemas de justicia y sus costumbres.
Evo Morales instaura la reelección consecutiva del presidente
LA PAZ.- Evo Morales ha logrado incluir en la nueva Constitución la reelección consecutiva presidencial, aunque sólo por un periodo. Así, el actual jefe de Estado no se verá obligado a abandonar el poder en 2011, como mandaba la anterior Carta Magna. Con la reforma, si Morales logra el suficiente apoyo en las urnas podrá quedarse hasta 2018, después de convocar elecciones generales tras la entrada en vigor de la nueva Constitución.
El artículo en cuestión, que también permite la reelección del vicepresidente, fue aprobado por dos tercios de los miembros presentes en la Asamblea Constituyente.
Será difícil que éste y otros temas como el régimen de autonomías y la política sobre la propiedad privada y las tierras sean aceptados por al menos cinco gobernadores opositores de los nueve que tiene el país. Sin embargo, Morales piensa someter su cargo y el de las autoridades locales de la oposición a la prueba de fuego que anunció y con la que desafía a la oposición. Así, ayer presentó el proyecto de ley para revocar en referéndum su mandato y el de cualquier cargo público elegido por sufragio universal.
La clave está en la pregunta: «¿Está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderado por el presidente y el vicepresidente?» Si la población contesta que sí, superando el 53,7% de los votos que Morales obtuvo en diciembre de 2005, o si logra un sufragio más de los logrados entonces, el presidente asegura que «profundizará mucho más» su política de reformas. Si pierde, convocará elecciones generales.
Para la oposición, liderada por los gobernadores, la cuestión es más enrevesada: «¿Está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del prefecto [gobernador]»? De perder por un porcentaje o número de votos menores a los conseguidos en las pasadas elecciones, el presidente podrá nombrar un gobernador interino mientras se preparan los comicios locales. El Congreso deberá aprobar la reforma, pensada por Morales como una apuesta de todo o nada, para fortalecerse o debilitar a la oposición.
